¿Cuáles son los ejes temáticos en que los partidos y sus candidatos apoltronan sus reales, transfiguradas como propuestas, en aras de ser favorecidos por el electorado?

¿Qué consternación ética e indignación moral los empuja, para pensarlos como puntos urgidos de reflexivos enfoques, o temas a priorizar, de los tantos pendientes de la Agenda Nacional, necesitados del peso específico de sus observancias, frente a la variedad que también enlista a lo más perentorio de la vida del dominicano común, esto es; la problemática psico-social que representa su duelo interior y afanar cotidiano?

¿Acaso antes de su elaboración se sopesa la viabilidad de las propuestas de acciones municipales y legislativas, luego de conocido y ponderado un necesariamente acucioso estudio de factibilidad, revisión de presupuestos y previsión de resonancia?

Insisto: ¿Se toman en cuenta estudios comparativos y experiencias pasadas de inversión y reacción social, alejados del interés de lo puramente circunstancial y partidario, cuando se aprueba una ley, se conoce una intención de préstamo del Ejecutivo o se expide una resolución que da permiso de funcionamiento y expansión a una planta de gas o a una industria manufacturera de dudoso capital foráneo?

Son preguntas sin respuestas. O peor, son preguntas cuyas respuestas nadie osa dar u ofrecer, más sí diligentemente, endilgar al próximo prójimo, que llegará con todos sus bríos a la novísima curul o al convite fraterno (pretendido regio) de los señores regidores, hambrientos de solemnidad y tunantes de origen y vocación.

Siempre listos para fraguar los planes necesarios con los clanes conocidos, que les han susurrado darán acceso a las facilidades que otorgan los privilegios más insólitos, luego del pago puntual de las atenciones, como ahora llaman dizque finamente, al antiquísimo y mal disimulado tráfico de influencias.

Pensamos que otra cosa fuera, si la Junta Central Electoral hiciera con las propuestas y promesas políticas, lo que intenta con la Cámara Contenciosa: garantizar el respeto a los derechos, y el fiel cumplimiento de los deberes ciudadanos y partidarios.

Esto es, disponer esfuerzos de coordinación y vigilia, y hasta arrogarse la estima como derecho al veto y requisamiento, frente al despropósito de la marginación tendenciada o la excepción arbitraria.

Si ante tanta parla hueca, transpuesta como programa de acción particular e inversión pública, para beneficios del desarrollo comunitario, o el anhelado crecimiento económico de la nación, contara la Junta con una especie de Comité de Análisis Permanente de Viabilidad de Promesas y Proyectos Partidarios, otra cosa fuera.

Los electores sabríamos que a lo propuesto lo cimenta una base sólida. Que nadie parte por lo bajo de lo supuesto, ni de la populachera cháchara engañosa, para el logro del voto aprobatorio. Y que todo lo dicho parte de la asunción de un criterio razonado, acorde con lo que realmente necesita el país, y aspiran los dominicanos, provenga de quienes intentan ser sus autoridades y genuinos representantes.