El célebre juez español Baltasar Garzón, pionero en la persecución de crímenes de jurisdicción internacional, ha sido acusado de prevaricación ante el Tribunal Supremo por haberse declarado competente para investigar denuncias sobre desapariciones durante la dictadura de Francisco Franco, en una no disimulada acción de persecución política de la derecha española que procura inhabilitarlo de por vida.

Garzón cobró notoriedad en 1998 cuando ordenó la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, acusado de crímenes de lesa humanidad, y hace cuatro años dispuso la apertura de 19 fosas en distintos lugares de España donde se presume fueron sepultados opositores asesinados por la dictadura de Franco.

Ya antes contra el magistrado Garzón se han emprendido procesos jurídicos con el propósito de provocar su inhabilitación o dañar su reputación, como la denuncia de que usó dinero público para pagar boletos de avión o que cobró honorarios para una serie de conferencias en Estados Unidos.

Esta vez, la ultraderecha española está decidida a sepultar la honrosa carrera del juez Garzón ante el Supremo español porque tuvo el valor cívico de declararse competente para recibir las denuncias de 22 asociaciones familiares de desaparecidos durante el franquismo y ordenó abrir fosas comunes donde fueron recolectados cadáveres de opositores políticos. Llama la atención que mientras se intenta llevar a la hoguera al magistrado Garzón, en Chile se procura la rehabilitación política de la figura de Pinochet, al que se le señala ahora en los textos escolares que encabezó un régimen militar y no una cruenta dictadura que motivó que el juez español ordenara la apertura de un juicio criminal en su contra.

El proceso contra ese magistrado, alentado por la intolerancia política, constituye una bofetada a la justicia y al derecho y un tenebroso mensaje a quienes en todo el mundo luchan sin desmayo por la prevalencia de la libertad y de los derechos inalienables del ciudadano, por lo que la persecución desatada desde hace más de año contra Garzón se interpreta como grosera agresión a la civilización.

El magistrado Garzón con sus diligencias procesales sin límites de jurisdicción en materia de persecución judicial contra la comisión de crímenes políticos sentó valiosa jurisprudencia de alcance universal porque a partir de la orden de detención contra Pinochet ningún tirano o dictador puede sentirse fuera del alcance de la ley en ningún rincón del mundo. Es por eso que la comunidad internacional rechaza con todo vigor el intento de la derecha franquista de lapidar al magistrado Baltasar Garzón, cuya trayectoria como juez enaltece a la Audiencia Española y a toda la humanidad.