Naciones con economías ricas o pobres reciben por igual malas nuevas de que están en riesgo de sufrir mayores calamidades a causa de la peor crisis financiera en ochenta años que, convertida en tsunami global, amenaza con agrietar milenarias plataformas políticas y sociales en grandes metrópolis y endebles ensamblajes institucionales en aldeas tercermundistas.

Ningún país se reputa inmune a esta epidemia derivada del capitalismo salvaje del que habló el fenecido papa Juan Pablo Segundo, por lo que grandes economías como las de Estados Unidos, Japón, China, Canadá, Reino Unido y de la zona euro, están virtualmente en bancarrota, asfixiadas en papeles comerciales y financieros sin valor alguno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que el PBI mundial se reducirá en un punto porcentual este año y advierte que la recesión se prolongaría más allá del 2010, a menos que Estados Unidos logre contener la hemorragia del sector inmobiliario y que las bajas en precios del petróleo y de materias primas surtan efectos positivos en el comercio mundial.

El modelo económico especulador y morboso causante del derrumbe universal, enseña sus garras en la víspera del fin, cuando ejecutivos de la aseguradora estadounidenses AlG, a la que el gobierno le inyectó 180 mil millones de dólares para mantenerla a flote, se distribuyeron en bonos y utilidades 165 millones de dólares, lo que demuestra que la peste no ha sido controlada aún por los nuevos inquilinos de la Casa Blanca.

En tan agobiante y lúgubre escenario económico se inscribe el informe elaborado por The Economist Intelillige Unit, la unidad de análisis económico del grupo británico The Economist, que cita a 165 países en riesgo de convulsiones sociales, incluido República Dominicana.

En vez de refutar el contenido de ese informe, que sitúa a Dominicana entre los cuatro países latinoamericanos más expuestos a padecer de graves protestas sociales, el Gobierno debería asumir o consolidar programas económicos y sociales que ayuden al menos a evitar que millones de ciudadanos agraven su situación de pobreza o extrema miseria.

El mensaje de advertencia contenido en ese informe debería llegar también a todos los sectores productivos, compelidos a controlar desenfrenados afanes de lucro; al liderazgo político, obligado a moderar su discurso; a la justicia, constreñida a condenar toda forma de corrupción; y a la sociedad civil, a la que se exige madurez y comprensión.

Es menester reiterar el compromiso colectivo de atisbar las crisis y precariedades con sentido de equidad y justicia, para evitar que excesivos privilegios ladeen tan pesada carga hacia el lado más débil de la barca, porque nadie debe alegar ignorancia sobre el severo señalamiento de que si el barco se hunde, todos se hunden.