Al Estado dominicano le aguardan nuevas y más complicadas batallas en la lucha por salvaguardar su fuero soberano ante prejuiciadas instancias internacionales que procuran erosionar su orden jurídico institucional.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra República Dominicana no se circunscribe a condenarla por supuestas privaciones ilegales de libertad y expulsiones sumarias de 26 indocumentados entre 1999 y 2000.

Lo que persigue ese fallo, sesgado e inaceptable, es obligar al Estado a anular artículos básicos de su Constitución, leyes del Congreso, sentencias de sus tribunales y decretos del Poder Ejecutivo para que se otorgue nacionalidad automática a más de 200 mil extranjeros y se anule todo tipo de control migratorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intenta ahora invalidar la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la membrecía dominicana ante la Corte Interamericana por no haber sido refrendada por el Congreso, como si fuera posible obligar a un Estado a permanecer donde no desea estar.

Esa Comisión intenta también desconocer el derecho de República Dominicana de acogerse al artículo 46 de la Convención de Viena, según el cual una violación manifiesta a una norma interna de importancia fundamental, puede ser denunciada como un vicio de consentimiento.

La sentencia de la Corte Interamericana obligaría a violar la Constitución, desconocer el principio de separación de Poderes, así como el derecho soberano del Estado dominicano de establecer forma y alcance de la nacionalidad.

Se alega que República Dominicana no puede asumir una conducta diferente ante una instancia a la que ha correspondido anteriormente en aceptación de sus actos, pero se olvida que los diferendos por cuestiones de principio, como el de la soberanía y autodeterminación, están por encima de cualquier convención, más aun si ese tratado internacional adolece de vicios de nulidad plena.

Se requiere un mayor activismo de la Cancillería dominicana en defensa de la correcta y firme decisión del Gobierno de no acatar la humillante sentencia de la CIDH, porque atenta contra sus instituciones básicas y colisiona contra el fundamento esencial de la nación, que es la soberanía.