La IV Convención Nacional de Empresarios marcó que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Gobierno no tienen el mismo criterio sobre la realidad nacional. Pero no sólo en cuanto a la presión tributaria, que las autoridades sitúan en un 13% del PIB y el Conep en un 26, sino sobre la metáfora del progreso que ha sustentado el discurso oficialista. La mejor muestra la sintentiza la filípica de los empresarios en el sentido de que mientras exhibimos un incremento promedio anual del PIB de 5.7% durante la primera década de este siglo, en el orden social hemos retrocedido en salud, calidad de la educación, seguridad ciudadana, competitividad y en la generación de empleos formales. Como refuerzo de su afirmación citó que los resultados de las últimas evaluaciones internacionales confirman el retroceso experimentado por República Dominicana en sectores claves para el desarrollo. Si bien, por razones obvias, no ha tenido el impacto de otros tiempos, no por ello se puede minimizar o relegar la preocupación planteada por el Conep. Y más en los umbrales de un proceso electoral. El Conep no pudo ser más elocuente al señalar que es prioritario observar y cumplir con la Constitución y las leyes, que el Congreso se dedique fiscalizar y controlar el gasto público, que la Junta Central Electoral tome las medidas necesarias para transparentar las votaciones y garantizar la plena confianza en el proceso de todas las fuerzas políticas y candidatos presidenciales, que el Banco Central sea un regulador y no competidor en el mercado y que las decisiones en el sistema eléctrico estén al margen de la política. Si queda alguna duda, es posible que su advertencia de que la era del poder social ya está aquí y que las respuestas no pueden ser las mismas, sea suficiente para despejarla. Si no así, el hecho de que el país sólo podrá cambiar con una conducción firme y activa, pero sin exclusiones.

