Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que hacer, se pronuncia en favor de los haitianos ilegales que viven en el país, tratando de obligar al Gobierno de otorgarle la nacionalidad a inmigrantes que no poseen documentos de identidad en la nación de su origen, pues allí no existe registro civil.

La Corte ha evacuado varías sentencias, estableciendo que los hijos de los haitianos ilegales son dominicanos, en franca violación a la Constitución del vecino país y la Carta Magna de República Dominica, y a la sentencia 13/2013 del Tribunal Constitucional que señala, con precisión quienes gozan del derecho de la nacionalidad en los 48 mil kilómetros cuadrados de esta media isla, una decisión que es vinculante a los poderes del Estado.

Ningún organismo internacional puede imponerle reglas al Estado dominicano, dado que sería una grosera intervención en los asuntos internos de nuestro país, que respeta y es defensor de la autodeterminación de los pueblos, principios que desconoce la CIDH que cada día luce muy disminuida, debido a la renuncia de numerosos países miembros que no están de acuerdo con sus lineamientos.

Un total de 12 países se desligaron de la Corte Interamericana. Son ellos Belice, Dominica, Guyana, Canadá, Estados Unidos Las Bahamas, Trinidad y Tobago, Grenada y Barbados, entre otros. Y qué esperamos nosotros para dimitir de una Corte insolente que trata de colocarnos como un país racista, inclinado hacia xenofilia y apátrida?.

Lo cierto es que el Estado dominicano tiene la potestad, en el respeto de los debidos procedimientos constitucionales, de adherirse a cualquier instrumento de cooperación de integración regional, o de protección a los derechos fundamentales, y no admitir decisiones que entren en conflictos con normativas que regulan el ordenamiento jurídico de nuestro país.

Y más aún es un hecho relevante que aumenta y echa raíces en el pueblo dominicano, los mandatos y contenidos en la ley fundamental, ya que los mismos son asumidos por gobernantes y gobernados, que defienden el Estado democrático, social y de derechos que vivimos en nuestro terruño y que será fortalecido cuando se implemente una drástica política de migración, deportando a los ilegales que provocan daños sistemáticos a este país.