El Congreso cerró 2010 con el escándalo de los 256 millones de pesos adicionales asignados a los diputados para gastos navideños, pero ha abierto 2011 con otro signo de derroche de recursos, que cuestiona aún más sus funciones, como es el caso de los 156.5 millones de pesos que consignan las dos Cámaras Legislativas en el presupuesto para este año sólo en alimentos y bebidas.
Si se agregan el barrilito de los senadores, los viáticos, gastos de representación, oficinas provinciales, servicio telefónico, Internet, transporte aéreo y exoneraciones abiertas para la importación de vehículos, los más de 720 mil pesos asignados al año para comida y bebida de cada uno de los 32 senadores y 183 diputados constituye una ofensa a las necesidades del pueblo. Es lo que se llama servirse con la cuchara grande.
¿Qué es lo que comen y beben para gastarse un promedio de 60 mil pesos mensuales, una suma que no la devenga cualquier profesional en el sector privado, ni aunque posea algún doctorado en una universidad extranjera de prestigio? Por supuesto que no se trata de pica pollo ni de bebidas criollas.
Hace tiempo que el Congreso chapotea en el descrédito, con una imagen tan deteriorada que en la tradicional concentración evangélica Batalla de la fe el reverendo Ezequiel Molina planteó ante miles de fieles que sería conveniente recesar por cuatro o cinco años las Cámaras Legislativas y destinar sus recursos a la educación y la prevención y persecución de la corrupción y la violencia. El predicador basó su pedimento en que el problema de la nación no son nuevas leyes, de lo cual está saturada, sino de autoridad.
No en los términos de Molina, pero ya antes el experto francés Jacques Attali había recomendado en un estudio por el cual el Gobierno dijo que erogó un millón de dólares, que no se aprobaran nuevas leyes, porque con las que hay es más que suficiente para la seguridad jurídica. También recomendó la eliminación del infame barrilito de los senadores.
Con privilegios tan irritantes como los que se han revelado el Congreso se hunde más en el fango, sobre todo cuando los beneficios de que disfrutan sus miembros no se corresponden con el servicio. La percepción que se tiene es que el Senado y la Cámara de Diputados han abjurado de sus atribuciones al legitimar la violación de leyes y actuar como cajas de resonancia del Ejecutivo.
Los congresistas son los únicos responsables del estigma que desacredita su función y que ha llevado a líderes religiosos a plantear un receso en sus atribuciones, sin reparar en las consecuencias que tendría para el sistema democrático no contar, aunque sólo sea en teoría y no en la práctica, con uno de sus tres pilares.

