El vuelco ayer de un minibús en la autopista del Nordeste, con saldo de siete muertos y 19 heridos, constituye la segunda tragedia acaecida en esa autopista en menos de un mes. En la anterior fallecieron cuatro personas.

En los últimos meses se han reportado al menos 16 decesos en accidentes de tránsito en esa vía, que conduce a Samaná.

Cada vez que ocurren percances de ese tipo se culpa a la carretera, a veces por los trazados que se definen como peligrosos, falta de señalización, de luces y hasta por ausencia de vigilancia policial.

Es posible que algunos de esos factores incidan en la ocurrencia de sucesos fatales, pero es preciso advertir que la imprudencia y temeridad constituyen el primer factor de accidentes.

Sobrevivientes del accidente de ayer afirmaron que el conductor del minibús, quien figura entre los fallecidos, viajaba a gran velocidad cuando el vehíulo sufrió la ponchadura en uno de los neumáticos delanteros, tras lo cual se produjo el vuelco.

Tragedias como la de ayer ayer obligan a reiterar el reclamo a las autoridades para que se apliquen los programas de supervisión de vehículos, a los fines de garantizar que autos, guaguas, camiones y yipetas estén dotados de los instrumentales adecuados para rodar por calles y carreteras, así como evitar o castigar las violaciones a la ley de tránsito.

La culpa nunca es de la carretera.

Desprotección

No se comprende la desprotección constitucional que se intenta establecer en el Congreso para dejar en indefensión estatal al movimiento cooperativo, de economía social y solidaria.

Esa protección estatal fue establecida en 1963 en la Constitución perredeísta del gobierno del profesor Juan Bosch, en beneficio de un sector que congrega a los sectores más empobrecidos y en peores condiciones para aplicar a financiamientos del sector financiero formal.

Cierto que algunas cooperativas han crecido extraordinariamente al punto de parecer bancos, pero ese hecho lo que debía generar es reconocimiento y apoyo dado el ejemplo de pulcritud y excelencia en el manejo de los fondos y las características democráticas de su composición directiva y de base.

La Comisión que tiene a su cargo estos acápites sobre derechos económicos, debía revisar su proceder.