UBI RIVAS

El presidente Danilo Medina, posiblemente no bien asesorado, diseña una estrategia incorrecta contra la corrupción, considerando por no pocos que debió iniciarla contra el PRD y no contra el PLD, que es como un símil de cortar la rama desde donde está sentado.

Los diarios del país insertaron el 23 de octubre último la instancia del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, de pedir orden de prisión contra el senador Félix Bautista (PLD-SJM), acusado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsificación, violación a la Constitución y una caterva de motivaciones más que justifican su arresto.

El periódico Hoy del 24 de octubre reseña que en sus declaraciones de bienes del 15 de abril del 2005 el senador Bautista declaró un patrimonio de RD$ 7 millones y hoy es superior a los RD$3 mil millones, salto sideral que el legislador debe y tiene que justificar como hubo esa fortuna en nueve años, para limpiar su imagen hoy maltrecha y justificarse ante la sociedad.

Nadie es culpable de cuanto se le acusa hasta que un tribunal, en última instancia, dictamine lo contrario, y nadie es legalmente facultado para acusar a persona alguna de prevaricación hasta que una sentencia definitiva de un tribunal competente en un juicio oral, público y contradictorio valide la acusación.

La cuestión troncal del affaire Félix Bautista, así como el ex titular de Obras Públicas en los dos últimos gobiernos del presidente Leonel Fernández, ingeniero Víctor Díaz Rúa, radica en lo que no pocos estiman que debió comenzar contra personeros del PRD, no afilar cuchillo contra la propia garganta del PLD, como muchos percibimos hoy.

Esa percepción excluyente del PLD convida a razonar que el presidente Medina no solo persigue repostularse en los comicios del 2016, sino que trasunta un no expresado pero advertido temor ante un posible reprisse del ex presidente Leonel Fernández en los comicios del 2016, una evaluación incorrecta por dos motivaciones que conspiran contra las pretensiones no disimuladas de Fernández intentar “sacrificarse” para retornar al poder.

En primer lugar, a medio trayecto recorrido en su periplo de 48 meses, hoy, el presidente Medina dispone de un 90% en la aceptación de sus paisanos, como pocos recordamos un espaldarazo a un gobernante en democracia plena como la actual, conforme a varios sondeos.

Ese espaldarazo es consecuencia de que en 24 meses en el poder, el presidente Medina ha construido 498 centro educativos con 6,922 aulas, un maratón tan impresionante como el de Filípides en la batalla de Maratón al recorrer 40 kilómetros sin postas para caerse muerto, y anunciar a los griegos que Milcíades derrotó a Darío El Persa, culminando la Primera Guerra Médica.

Diario Libre del 24 de octubre inserta que en el programa Quisqueya Aprende Contigo, un total de 703,399 dominicanos superaron el analfabetismo y ese mismo día ese periódico informaba que a inversión extranjera creció un 20% en 2014 en relación a 2013.

Ese 24 de octubre el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu informaba con la precisión que le es proverbial, que la economía creció en los primeros nueve meses de 2014 en un 7% y la inflación acumulada en un 2.53%.

El 23 de octubre el Plan Nacional de Empleos informaba que en 24 meses el presidente Medina ha creado 226 empleos. Francisco Javier García ha trabajado para acrecentar el turismo como nunca antes.

Todos estos resultados conducen a reflexionar que en la parcela del danilismo no debe ni puede existir temor alguno de que el ex presidente Fernández consiga imponerse al momento del PLD escoger su candidato a las elecciones de mayo 2016, porque la gestión social avala al presidente Medina posibilitar su reelección, si así lo decide y se percibe.

De manera que no es convincente, ni prudente, ni estratégico, iniciar un proceso anti corrupción contra figuras del PLD, cuando en la parcela contraria existe bastante tela por donde cortar.

El 21 de octubre último la Cámara de Cuentas reveló solo “falta de control” en la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa durante su incumbencia como titular de Obras Públicas en el gobierno del presidente Fernández, no obstante la decisión de la fiscal del Distrito Nacional, doctora Yeni Berenice Reynoso de oponerse a archivar ese expediente.