La criminalidad, como era previsible en el contexto que nos caracteriza, ha ido experimentando un sostenido crecimiento.

El fenómeno ha sido enfrentado, hasta ahora, de forma reactiva, no preventiva, con la agravante de que esas reacciones son distintas en función de los protagonistas infractores. Se trata de una superficialidad que no ataca las causas de lo que sucede.

Eso no es casual ni resultado fortuito de la ejecución de la política criminal del Estado. En la medida que algo trascendente es abordado con esos criterios, se persigue evitar que se pongan de manifiesto las razones que atañen a un sistema y unas estructuras que han colapsado y que contienen el germen de su fracaso.

En esas estrategias por combatir el problema que es, mediante el mecanismo que no es, se ha producido una avalancha de opiniones que intentan atribuir a los Códigos Penal, Procesal Penal y de Menores, las razones del deterioro de la seguridad ciudadana.

Es cierto que en el diseño de una sociedad, sus reglas juegan un papel preponderante, pero jamás podría esperarse que ellas, por sí mismas, como por arte de magia, se encarguen de producir un funcionamiento social armónico y con apego irrestricto a sus preceptos. Eso supondría un desarrollo institucional a partir del cual, esas disposiciones estén respaldadas por un sistema que las haga aplicar más allá de consideraciones de carácter económico, social o cultural.

Nuestro país es un ejemplo de que las normas no bastan. Los percances que padecemos no están determinados por ausencia legislativa. Hemos fallado en que constituímos una entidad en la cual, de acuerdo a los sujetos involucrados, la ley tendrá una u otra aplicación, y eso representa una fuente inagotable de tensión social.

Esta nación no ofrece la oportunidad para que sus integrantes, a partir de un esfuerzo basado en la capacitación y el trabajo, alcancen un nivel de vida digno. Al mismo tiempo, una minoría, sin méritos, sólo por su vinculación con el poder o su proclividad al fraude y la corrupción, conforma una élite privilegiada. Esos contrastes son caminos sin retornos a la desintegración social. Por eso estamos tan dispersos en nuestros propósitos comunes.

Se acepta que razones técnicas determinen la necesidad de reformar códigos. Algo distinto a confiar en que esos cambios implicarán la solución del problema. Puras excusas con las cuales se pretende evadir responsabilidades ante el desastre en que hemos devenido.