Con lo lesionada que ha quedado por los escándalos de corrupción de Odebrecht y la deriva antidemocrática en varios países, América Latina está urgida de un referente o liderazgo moral y político que incida en la recuperación o consolidación del sistema institucional.

Tras el fracaso del modelo ideológico que trató de imponer el venezolano Hugo Chávez sobre la base del petróleo, todas las condiciones para capitanear el proceso las reúne hoy, bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador, una nación como México, que en el pasado se hizo merecedora del respeto y la admiración de las organizaciones democráticas del continente por su solidaridad.

De hecho, con las decisiones que ha adoptado, López Obrador no solo ha marcado la diferencia, sino ha trazado un nuevo rumbo en el ejercicio del poder en el continente.

López Obrador, cuyas primeras decisiones no se circunscriben únicamente a la realidad de su país, sino al contexto del continente, no constituye ningún temor. Lo suyo no ha sido la confrontación con Estados Unidos, a pesar de las vocinglerías de su presidente Donald Trump, pero tampoco las amenazas a las instituciones de un gobernante como el brasileño Jair Bolsonaro.

Basta recordar que cuando fue gobernador del entonces Distrito Federal (2000-2005), López Obrador contrató al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para diseñar un programa contra la delincuencia.

Sobra exponer lo que era la criminalidad tanto en la capital como en el territorio azteca, pero gracias a la fórmula sugerida por un asesor de derecha, que ni por asomo hacía causa común con las izquierdas ni gobernantes hostiles a Estados Unidos, la seguridad mejoró considerablemente en la ciudad durante su gestión.

Esa decisión elimina por sí sola el matiz ideológico con que se ha pretendido estigmatizar a López Obrador, con el obvio propósito de desacreditarlo. La inseguridad en México tiene un componente que ha brillado en el proceso en Nueva York contra el capo Joaquín Guzmán Loera (El Chapo): la corrupción y la impunidad, que el mandatario ha comenzado a combatir, no con teorías sino con acciones concretas.
La reducción de los sueldos de los funcionarios para mejorar las retribuciones de los empleados de menor categoría es lo de menos.

Más significación tiene la racionalidad del gasto público, la eliminación de privilegios, incluidas las millonarias pensiones de los expresidentes que tanto irritaban a la ciudadanía y la detención de altos cargos del consorcio estatal Pemex por el negocio clandestino de combustible.

Acabar con una estructura que ha operado por años no será una tarea de la noche a la mañana, pero el compromiso se ha asumido.