Editorial

La humareda

La humareda

En torno a la muerte a balazos  de un sargento de la Policía  y dos civiles durante un supuesto intento   tumbe de drogas en Azua, se ha desatado una humareda  que es preciso despejar por el bien del crédito que frente a  la ciudadanía la jefatura policial intenta consolidar.

El senador Wilton Guerrero (PLD-Peravia) denunció que ese suceso fue provocado por  agentes policiales al mando de un teniente,  que  según dijo, están involucrados en  actividades de narcotráfico.

Guerrero ha definido a Azua como una “narco provincia” y a su dotación policial como gestora y promotora  del tráfico de drogas en la zona, por lo que hay que presumir que esa demarcación correrá igual suerte que Peravia en término de descrédito del mismo origen.

Sin negar  posibilidad de que oficiales, clases o alistados policiales se  involucren con el narcotráfico, hay que insistir en el señalamiento de que ese cuerpo  y sus principales autoridades cumplen con el deber de prevenir, investigar y perseguir la comisión de crímenes y delitos.

 Parte de la confusión creada en torno a ese suceso ha sido la inexacta versión de que, tras la denuncia del senador Guerrero, el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dispuso el traslado de toda la dotación de Azua, compuesta por 194 efectivos..

 Resulta que  desde el 30 de julio, cuando el sargento y los dos civiles cayeron abatido a  tiros,  el jefe policial designó a los generales Manuel Castro Castillo, director  de Asuntos Internos, y Ramón Francisco Rodríguez Sánchez, de Antinarcóticos, para que investigaran el incidente.

Esos generales fueron instruidos a orientar sus pesquisas  en torno a  la presunta implicación  de miembros de esa institución con actividades “ligadas al narcotráfico y crimen organizado”.  Las referidas instrucciones del jefe de la Policía  fueron impartidas tres días antes de que  Guerrero  declarara a Azua como una narco provincia.

Se colige, pues, que la jefatura policial fue diligente y transparente al abordar  el caso y que por tanto es injusto pretender guillotinarla.

El Nacional

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