En torno a la muerte a balazos de un sargento de la Policía y dos civiles durante un supuesto intento tumbe de drogas en Azua, se ha desatado una humareda que es preciso despejar por el bien del crédito que frente a la ciudadanía la jefatura policial intenta consolidar.
El senador Wilton Guerrero (PLD-Peravia) denunció que ese suceso fue provocado por agentes policiales al mando de un teniente, que según dijo, están involucrados en actividades de narcotráfico.
Guerrero ha definido a Azua como una narco provincia y a su dotación policial como gestora y promotora del tráfico de drogas en la zona, por lo que hay que presumir que esa demarcación correrá igual suerte que Peravia en término de descrédito del mismo origen.
Sin negar posibilidad de que oficiales, clases o alistados policiales se involucren con el narcotráfico, hay que insistir en el señalamiento de que ese cuerpo y sus principales autoridades cumplen con el deber de prevenir, investigar y perseguir la comisión de crímenes y delitos.
Parte de la confusión creada en torno a ese suceso ha sido la inexacta versión de que, tras la denuncia del senador Guerrero, el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dispuso el traslado de toda la dotación de Azua, compuesta por 194 efectivos..
Resulta que desde el 30 de julio, cuando el sargento y los dos civiles cayeron abatido a tiros, el jefe policial designó a los generales Manuel Castro Castillo, director de Asuntos Internos, y Ramón Francisco Rodríguez Sánchez, de Antinarcóticos, para que investigaran el incidente.
Esos generales fueron instruidos a orientar sus pesquisas en torno a la presunta implicación de miembros de esa institución con actividades ligadas al narcotráfico y crimen organizado. Las referidas instrucciones del jefe de la Policía fueron impartidas tres días antes de que Guerrero declarara a Azua como una narco provincia.
Se colige, pues, que la jefatura policial fue diligente y transparente al abordar el caso y que por tanto es injusto pretender guillotinarla.

