Cifras del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, con el aval de las Naciones Unidas, muestran que los organismos represivos de Colombia, actuando a veces en contubernio con los grupos paramilitares, son responsables de 38, 255 desapariciones forzadas en tres años y que en el gobierno de Juan Manuel Santos las ejecuciones extrajudiciales, lejos de disminuir, han aumentado. Se trata de los llamados falsos positivos, hombres y mujeres casi siempre jóvenes y sin armas, que son asesinados y presentados luego como guerrilleros. Juan Manuel Santos, igual que su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, es jefe de un gobierno criminal.

Es deber de conciencia, pues, exigir al comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que deje atrás su actitud de reconocer como normativa con validez política y moral los dictados de Santos.

¿Por qué motivo Chávez apoyó el reintegro a la Organización de Estados Americanos de una Honduras con un gobierno que surgió de la manipulación política del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el empeño por encubrir a los halcones que auspiciaron el golpe de Estado?

Hay que destacar, en este caso, la digna actitud asumida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien declaró que sólo apoyaría el retorno de Honduras a la OEA y el consecuente reconocimiento del gobierno de Lobo, si son castigados los autores principales del golpe de Estado.

Pero Chávez no solo impulsó el reconocimiento de Lobo, también ha entregado al gobierno de Colombia a revolucionarios a quienes Santos y la ultraderecha colombiana acusan de terroristas. ¿Cuándo adquirió el compromiso de calificar como delito la insurrección?

A finales del año pasado, las fuerzas venezolanos colaboraron en la captura de perseguidos políticos como Nelson Navarro, Priscila Ayala y Oswaldo Espinoza. En días recientes, los entregados han sido el periodista Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia ANNCOL, y el cantautor Julián Conrado.

No podemos permitir la presencia en Venezuela de ningún cuerpo digamos armado o no pero que esté fuera de la ley, dijo Chávez. ¿Acaso es ley la voluntad del agresor entreguista Juan Manuel Santos?

Son asuntos de Estado, y yo hago votos para que se mantenga las buenas relaciones políticas, económicas, sociales entre dos pueblos que somos hermanos, acotó. ¿No son parte del pueblo quienes luchan por la justicia?

Santos envió a Venezuela a Walid Makled y promete entregar a dos de sus cómplices. ¿Justifica esto la aceptación del concepto de terrorismo que maneja el poder imperialista? El hacer concesiones en materia de principios tiene un nombre que sí es universal. ¿Obligará Chávez a pronunciarlo junto al nombre suyo?