Es saludable la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional, donde establece los criterios definitivos para adquirir la nacionalidad dominicana, y deja bien claro quiénes son dominicanos y quiénes no poseen tal condición. El veredicto es coincidente con el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema.

Hace varios años, la Suprema Corte estableció que es constitucional la actual Ley de Migración y que no se puede dotar de acta de nacimiento a los hijos de residentes ilegales o en tránsito, porque los padres deben de registrarlos ante los consulados de sus respectivos países.
El TC en su sentencia amplía y traza las pautas para que los extranjeros residentes ilegales puedan adquirir la residencia dominicana y, si lo desean, pueden optar por la nacionalidad dominicana. La decisión esclarece el camino legal que permite buscar una solución humanitaria a los inmigrantes indocumentados.

El TC, igual que la Suprema Corte de Justicia, dejó por sentado que la Constitución dominicana considera dominicanos, de manera exclusiva, a todos los nacidos en territorio nacional y recordó que la Constitución de Haití establece en su artículo 11 que los hijos de haitianos mantienen esa nacionalidad sin importar donde nazcan.
Hay que felicitar al Tribunal Constitucional por su sentencia que tiende a rescatar nuestra identidad como nación e instituye reglas que son irreversibles para adquirir la nacionalidad dominicana, no importa de dónde proceda el inmigrante ilegal.
Además, fortalece las decisiones adoptadas por la Junta Central Electoral, en relación a la emisión de actas irregulares del Registro Civil y remacha y subraya las facultades de la dirección de Migración sobre su rol para controlar el flujo migratorio.

por: Hugo A. Ysalguez