Lo que no hace la justicia dominicana, lo hace la justicia de Estados Unidos de América. Es una pena decirlo que a la justicia dominicana le ha faltado la independencia y la valentía para tomar decisiones cruciales ante la escandalosa corrupción que nos golpea en los gobiernos del PLD.

Solo recordar que fuimos enterados de la corrupción del caso Odebrecht, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios, por la intervención de la justicia de Estados Unidos de América y de Brasil.

Dos dominicanos han sido involucrados por Estados Unidos por la “Global Magnistky Human Rights Accountability Act”. Uno de ellos, es el señor Angel Rondón, del caso Odebrecht. El otro caso es el del señor Félix Bautista, senador del PLD por la provincia de San Juan y actualmente secretario de organización de ese partido político. Solo recordar que el señor Félix Bautista fue el responsable del caso Sun Land, pero que gracias a sus influencias y padrinazgos, no fue alcanzado por la justicia dominicana.

Pero, en un mundo globalizado, donde los efectos de los actos perpetrados por la corrupción y la impunidad no solo se circunscriben al territorio donde son realizados, sus hechos no quedan impunes.

Originalmente, la Ley Magnitsky fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América y firmada por el presidente Barack Obama en 2012 con el objetivo de investigar y sancionar exclusivamente a funcionarios de Rusia y personas implicadas en la muerte del abogado ruso Sergei Magnistky, quien falleció en 2009 por falta de asistencia médica tras pasar casi un año en prisión luego de haber denunciado corrupción en Rusia.

Sin embargo, en diciembre de 2016, los senadores John McCain y Ben Cardin propusieron una enmienda a dicha ley para ampliar las sanciones e intensificar el esfuerzo para castigar a quienes cometen actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

La ley autoriza al Presidente de Estados Unidos a imponer prohibiciones o cancelaciones de visa, congelar activos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos, además de prohibirle a los ciudadanos e instituciones norteamericanos realizar negocios con los implicados.

Se podrán tener diferencias con el presidente Donald Trump, pero hay cuestiones que son invariables. Estados Unidos de América no juega con la corrupción, tarde o temprano. Esa es la lección de estos casos.