La Lotería Nacional, institución caritativa fundada hace 127 años por el sacerdote Francisco Javier Billini, se ha convertido en poderoso ente corporativo estatal que recibe centenares de millones de pesos por expedir permisos de operación a miles de bancas de apuestas diseminadas en todo el territorio nacional.
Esa dependencia de la Secretaría de Hacienda ha tenido en el pasado un papel de organismo recaudador, al aportar a la Tesorería Nacional parte de los dineros obtenidos por fiscalizar sitios de juegos, que a su vez obtienen ingresos por miles de millones de pesos anuales.
Tal parece que con esos recursos la Lotería mantiene un vasto programa de asistencia social que incluye la entrega de ayuda directa a familias de escasos recursos y provisión de fondos para subvencionar becas estudiantiles, medicinas y tratamiento hospitalario.
Las actuales autoridades de la Lotería al parecer exageran el concepto altruista que impregnó a esa institución el Padre Billini, porque de otra manera no se explica que se reparta 27 millones de pesos en bonos entre senadores y diputados para que a su vez los distribuyan en sus respectivas provincias o entre sus relacionados.
Tampoco es fácil explicar que la Lotería se obligue a solventar pensiones vitalicias como condición para que un grupo de ciudadanos pusiera fin a una huelga de hambre que mantenían en reclamo de que el Estado les reconozca su rol de ex combatientes constitucionalistas.
El administrador de esa institución, José Francisco Peña Guaba, admitió que dispuso la entrega de 50 mil pesos en bonos para compra de juguetes a favor de 210 legisladores, en la seguridad de que esos regalos serían distribuidos entre la población.
Más aún, el funcionario ha revelado que la Lotería distribuyó ese tipo de bono entre otras muchas instituciones públicas o de la sociedad civil, siempre bajo el entendido de que juguetes o donaciones llegarían a niños y familias pobres.
En ningún modo se pone en duda la buena fe de ese funcionario, pero es menester llamar la atención sobre el hecho de que son dineros del Estado, las decenas de millones de pesos que así se reparten o distribuyen y que por consiguiente, se requiere de mayores controles o garantía de que la bondad que se exhibe no sea tan desbordante.
La Lotería Nacional es hoy un poderoso ente corporativo que maneja un presupuesto mayor a los de muchas Secretarías, por lo que, sin importar quiénes sean sus autoridades, requiere de mayores controles y garantía de transparencia, porque no es posible que una institución de ese nivel tenga al cielo como techo.

