Para poder aquilatar la pertinencia de la nueva solicitud del presidente Danilo Medina para que el Congreso autorice prorrogar el estado de emergencia, sería preciso remitirse a lo dicho ayer por el ministro de Salud, de que persiste el peligro de la covid-19 y que la no obediencia de las medidas de prevención provocaría un rebrote de la pandemia.

El doctor Rafael Sánchez Cárdenas dijo que se ha mantenido un estado de equilibrio entre la incidencia de la epidemia y la capacidad de respuesta del sistema de hospitales y clínicas, pero que el coronavirus no ha sido erradicado.

En consonancia con ese criterio, el Presidente ha pedido al Poder Legislativo extender por otros 25 días el estado de emergencia nacional “porque el Gobierno requiere contar con las herramientas necesarias para modular la reapertura de las actividades económicas” y para tomar decisiones en caso de que se produzca un repunte en la curva de contagios.

Lo absolutamente cierto es que la covid-19 aún representa peligro de salud pública y que prevalece el temor de que por debilidad en la gestión de prevención, control y contención se produzca un rebrote del virus de tal magnitud que incluso haga colapsar el sistema de asistencia hospitalaria.

En países donde la reapertura económica ha estado matizada por la precipitación o descuido en la aplicación de medidas de confinamiento, distanciamiento y obligatoriedad en uso de mascarillas, padecen hoy de un recrudecimiento de la pandemia, como son los casos de Chile, Brasil, Perú y Ecuador.

Autorizar la apertura de las plazas comerciales antes del inicio de la segunda fase de la llamada desescalada constituyó una medida riesgosa por parte del Gobierno, que por suerte no ha tenido mayor repercusión en los boletines oficiales sobre propagación del coronavirus.

La solicitud de extensión del periodo de emergencia ha sido sugerida por el Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus, en la reunión de evaluación de la primera fase de la reapertura, por lo que los argumentos que la sustentan han de ser de naturaleza sanitaria.

Posiblemente el Congreso reduzca el pedido presidencial de 25 días, lo que se enmarcaría en lo razonable, toda vez que aún se requiere otorgar al Gobierno un apropiado ancho de autoridad para completar la misión de contener la propagación de la pandemia, reducir su incidencia y garantizar un retorno a la nueva normalidad sin mayores riesgos de rebrotes del virus.

Pero al mismo tiempo, las autoridades deben velar porque se cumplan de manera estricta las medidas que ayudarían a contener la expansión del virus, sobre todo en lo concerniente al toque de queda.