El secretario de Economía, Planificación y Desarrollo ha advertido que se requiere incrementar la carga impositiva para poder cumplir con la ley que especializa la entrega del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto a la Educación, pero se quejó de que aquí nadie quiere pagar impuestos.

Para sustentar el criterio de que es necesario aplicar más impuestos para construir lo que define como un Estado fuerte, el ingeniero Temístocles Montás refiere que el Gobierno apenas recibe 13 pesos de cada cien que ingresan a la economía y que de esos destina cinco al pago de la deuda externa.

El torniquete de la presión tributaria se aprieta o debe apretarse sobre la riqueza o la rentabilidad, pero en República Dominicana descansa casi exclusivamente sobre los servicios, lo que obliga al ciudadano ordinario a arrear la mayor carga del carruaje de impuestos.

Aunque la economía estuvo creciendo cerca de un diez por ciento en promedio durante la última década, el sistema impositivo nacional ha sido como Drácula sobre el cuello de la clase media y de los trabajadores que mayoritariamente sufren los incrementos de impuestos o tasas en el Itebis, salario, tarifa eléctrica, transporte, derivados de combustibles, entre otros servicios.

El ingeniero Montás exagera, entonces, al comparar la presión tributaria dominicana, de un 13 a un 16 por ciento, con las de España o Inglaterra, donde el Estado percibe 45 euros o libras esterlinas por cada cien que ingresan a la economía, toda vez que el esquema impositivo local es diametralmente distinto a los de esas naciones.

Todo parece indicar que la alarma ha sonado en la estación gubernamental al saberse que en los primeros cinco meses de este año, los ingresos previstos se redujeron en más de seis mil millones de pesos, un cuadro desolador en términos de tributación que no se había presentado en más de sesenta años.

A pesar de las quejas y advertencias del secretario Montás, el Gobierno parece procurar alivio a tan grave desajuste fiscal por vía del endeudamiento externo, como lo demuestran los proyectos de empréstitos por 610 millones de dólares aprobados por el Congreso, 300 de los cuales están destinados a amortiguamiento presupuestal.

Conviene, sin embargo, que al momento de las recetas, no se escoja como primera opción apretar el torniquete al tributo indirecto y que tampoco pretenda actuar en base a una comparación del ingreso estimado con ingreso real. El Gobierno está compelido a un rediseño presupuestal que refleje ingresos y gastos. No se hable, pues, de más impuestos.