Artículo 5, de la ley 590-16, “La Policía Nacional tiene por misión lo siguiente:
1) Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; 2) Garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades; 3) Prevenir acciones delictivas, perseguirlas e investigarlas bajo la dirección del Ministerio Público; 4) Preservar el orden público; 5) Velar por el respeto a la propiedad pública y privada;
6) Prestar el auxilio necesario al Poder Judicial, al Ministerio Público, y a otras autoridades para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones;
7) Promover la convivencia ciudadana; 8) Colaborar con la comunidad en la identificación y solución de los problemas de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la consecución de la paz social.”
Además, las 135 páginas que teorizan el plan estratégico de la Policía Nacional, proyectado hasta el 2030 se resume en el Sistema de Gestión Integral: “Cultura Organizacional Cultura y Gestión de la Calidad. Direccionamiento Estratégico. Gestión de Procesos y Gestión del Talento y Desarrollo Humano. Gobernanza y Desarrollo Institucional. Calidad del Servicio Policial. Desarrollo Humano. Educación y Capacitación del Talento Humano. Transformación de la Cultura Institucional.”
Con toda firmeza puedo afirmar que este plan ni la Ley 590-16 conectan con la realidad institucional, no se conoce, no se aplica ni se dispone de los recursos para ejecutarse.
En los planes anunciados tradicionalmente en estos temas de seguridad pública y reforma policial, no han sido tomado en cuenta la participación interactiva de la sociedad en su conjunto; principalmente académicos y expertos junto a las universidades. Quizás, por esta exclusión no hemos conseguido los éxitos esperados.
Los nuevos incumbentes deben iniciar el desarrollo de un plan integral sistematizado entre todos los actores de instituciones estatales, con la participación interactiva de cada una de las comunidades o sectores sociales; sin exclusión alguna. Yo humildemente me ofrezco para sumarme a ello.
Es oportuno que las nuevas autoridades policiales destaquen su liderazgo y conquisten la voluntad política de parte del Gobierno Central, para disponer de dicho Plan con recursos materiales y económicos suficientes. Elaborar un presupuesto adecuado, viable, transparente y sustentable, por cada año fiscal tomando al policía como el centro de la misión de garantizar la seguridad pública.
Parecería una comedia que nuestros policías deben desayunar, comer y cenar con 240 pesos por mes de labor y no tienen horario defino por jornada. Los policías mal pagados, mal tratados, mal vestidos, mal equipados, sin medicina, con hambre, excluidos, discriminados y tratados como parias, no se sentirán parte de la sociedad y sus comunidades. Y mucho menos, sentirán el compromiso como funcionarios responsables de hacer cumplir la ley para prevenir los crímenes, delitos y violencia en todas sus manifestaciones.
En 81 años no hemos sido capaces de ver y tratar como seres humanos a nuestros policías, esperamos e invitamos a los nuevos incumbentes, Jefe y Subjefe policial, a cásarse con la gloria, sentando un precedente a favor de la dignidad de los policías, iniciando la revolución necesaria para conquistar la confianza ciudadana, reivindicando el lema «Todo por la patria».
Dios les bendiga siempre, Pueblo dominicano.

