La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido la histórica sentencia que despoja de rango constitucional el derecho al aborto por lo que a partir de ahora corresponde a la legislatura de cada estado la potestad de prohibirlo o permitirlo.
Ese derecho no figura en la constitución estadounidense, pero estuvo tutelado durante 49 años en virtud de una decisión del propio tribunal en 1973 sobre el caso “Roe versus Wade” que validó la interrupción del embarazo.
Se trata de una sentencia que provoca profunda división en la sociedad y el liderazgo de Estados Unidos, tanto así que es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro, tipificados como conservadores y religiosos, asumirían la prohibición.
Aun con los estragos jurídicos, políticos y sociales que entraña esa sentencia que despoja la interrupción del embarazo como un derecho constitucional, se resalta que la conservadora Corte Suprema pronunció ese fallo histórico y asumió sus consecuencias históricas.
El presidente Joe Biden y el exmandatario Barack Obama censuraron la decisión de la Corte Suprema, en tanto que Donald Trump celebró la revocación del derecho al aborto, con lo cual el liderazgo de Estados Unidos se involucra directamente en tan controversial tema.
En República Dominicana, muy por el contrario, líderes, congresistas y togados evaden pronunciarse, legislar o sentar jurisprudencia en torno a permitir el aborto, incluso cuando se propone en condiciones o causales específicas.
Tal ha sido la ineptitud en el cumplimiento de deberes y obligaciones, que por no estatuir sobre la figura del aborto en tres causales, la aprobación de un nuevo Código Penal ha quedado rezagada por años.
El fallo revocatorio del derecho a interrumpir el embarazo acentuará la división de la sociedad estadounidense porque jueces conservadores impusieron su criterio, pero aquí hay déficit de responsabilidad para aprobar, rechazar leyes o pronunciar sentencias que irriten a influyentes sectores políticos, económicos o religiosos.
