El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, abogó hoy por el fortalecimiento de los vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional para que se respeten y ejecuten las decisiones del órgano jurisdiccional, las cuales son vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Castaños Guzmán comparte la preocupación del presidente del TC, Milton Ray Guevara, quien se ha quejado en múltiples ocasiones del incumplimiento por parte de instituciones estatales, de sentencias definitivas que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Te puede interesar leer: Ray Guevara afirma desacato sentencias atenta contra el TC
“Yo creo que lo que valdría la pena es tratar de ver de qué forma se puede establecer un vínculo de comunicación entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, a los fines de que esas de cisiones se cumplan”, planteó Castaños Guzmán.
Entre las decisiones definitivas del TC que han sido desacatadas por el Poder Ejecutivo y sus órgano está la reposición en el cargo del coronel Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe), de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía, así como el coronel Ariel Concepción. Ambos han demandado por incumplimiento al presidente de la República, Luis Abinader, y a los altos mandos militares.

Otro afectado por un desacato del Ejecutivo y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), es el abogado Ramón Emilio Concepción, quien obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Constitucional, con una sentencia que condenó a la entidad estatal al pago de 500 millones de pesos que le había retenido de impuestos de unos bienes que había adquirido mediante cuota litis.
Mayor presupuesto
Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9 y por la emisora la Super7, el ejecutivo de Finjus abogó también porque se le aumente la partida presupuestaria al Poder Judicial al Ministerio Público.
Asimismo Castaños Guzmán lamentó que Finjus no tenga una participación activa en el Congreso Nacional para señalarle al Ejecutivo algunas preocupaciones sobre la Ley de la Cámara de Cuentas.