El plan de deportación de extranjeros, fundamentalmente de haitianos, que se ha venido desarrollando para poner fin al desorden migratorio que desde hace décadas se registra en el país, es una de las medidas más valientes y correctas adoptada en los últimos años por Estado alguno.

Ya era hora de que las autoridades asumieran de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano de decidir quién y en qué condiciones puede permanecer un ciudadano extranjero en el territorio.

El flujo migratorio en todas las partes del mundo es normal, siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados. Ahora bien, el país en los últimos meses ha sido sometido a un asedio, acoso y derribo, en el ámbito nacional e internacional, tratando de llevarlo asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni material ni institucionalmente.

Los poderes de la tierra, representados en el país por organizaciones internacionales del Norte y Europa deben entender que nadie está obligado a lo imposible. Sencillamente, la República Dominicana no puede acoger en su territorio personas que no cumplan con lo que establecen las leyes dominicanas y la Constitución. Más nada.

Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en el nuevo Plan dispuesto por el actual Gobierno, en los tiempos y plazos determinados, simple y llanamente deberá ser enviado a su país de origen.

La autoridades en sus diferentes instancias que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan.