Más allá de la comisión que cobran las AFP por los retornos de los fondos que administran, que tanto mortifica a nuestros legisladores, es necesario que nuestro país se aboque en el corto plazo a tomar las medidas necesarias para robustecer el actual sistema de pensiones y evitar una crisis de credibilidad en el mismo en la medida que se comiencen a pagar las primeras pensiones por vejez. Sea por vía de mayores contribuciones ordinarias o directas, permitir a las AFP a realizar inversiones más diversificadas y con niveles de riesgos ajustados a la medida del perfil de sus clientes, o por un fideicomiso público para aportes subsidiados, es necesario tomar medidas ahora para no vivir reclamos de pensiones dignas mañana.

De mantenerse las cosas como van, los primeros en aplicar para recibir sus pensiones por vejez para mediados y finales de la década de los 2020s estarán recibiendo aproximadamente 40% de su último salario lo que, sin hacer juicio sobre la calidad de los salarios en nuestro país, probablemente provoque malestares significativos, retrase la edad de retiro de toda una generación de trabajadores (hasta que el cuerpo aguante) y traiga problemas de credibilidad al sistema.

Uno de los problemas fundamentales afectando a nuestro sistema de pensiones es la poca oferta de inversiones que califican dentro de lo permitido por el Consejo Nacional de Seguridad Social y la poca liquidez dentro de las que ya existen. Una regla dorada en el ahorro destinado para la vejez es invertir un porcentaje equivalente a la edad en títulos seguros de renta fija y el resto en renta variable, así un joven que recién empieza sus cotizaciones con 22 años, puede darse el lujo de invertir 22% en títulos relativamente más seguros y menos volátiles como deuda soberana o corporativa, y emplear el resto en títulos relativamente más riesgosos como acciones o cuotas de participación de valor variable para apuntar a mayores retornos. En República Dominicana, estos últimos apenas están empezando a surgir y muy tímidamente.

Lo anterior nos lleva a otro problema. Las AFP no compiten entre ellas por afiliados sino por los empleadores de estos. Esto explica en parte porque la comisión que cobran estas son las mismas. El que paga ese costo tiene muy poco poder de decisión en su elección de AFP, lo que generalmente es determinado por su empleador quien funge como agente de retención. Esto, sumado al número limitado de inversiones que les son permitidas a los fondos de pensiones, quita todo incentivo a las AFP en ofrecer un servicio más ajustado a las necesidades de sus clientes y a menor costo, ya que para fines sistémicos no existe diferencia entre la inversión que puede hacer un afiliado de 20 años y uno de 60, o el que gana el salario mínimo o el salario tope.

Hay mucha tela por donde cortar con el tema de las pensiones que millones de dominicanos actualmente estamos pagando, y hay problemas en la actualidad en la misma forma en como está redactada la ley que les rige y las severas limitaciones que impone, así como muchos otros problemas se deben a fallos estructurales en otros aspectos de nuestra economía como el sistema tributario, el mercado de valores y la informalidad de la economía. Arreglarlo va a tomar mucho más que un ajuste cosmético de porcentajes en las comisiones.