Confieso que recibí un bocanada de aire fresco, una suerte de oxigenación social, cuando Pablo Ulloa, nuevo Defensor del Pueblo, proclamó en el despacho de Miriam Germán Brito que “hace falta la creación de un sistema de protección de víctimas fortalecido en el que estén definidos los roles de cada uno de los actores de la institucionalidad democrática”.

Ya previamente, durante su campaña, Ulloa había prometido que, de acceder al órgano constitucional, impulsaría una ley para crear un sistema de protección de víctimas.

Pese a que no apoyé su candidatura, reconozco que si en este período el Defensor del Pueblo asume ese rol se estaría dando un salto cualitativo en el tema de las víctimas, que dejaría atrás el triste paisaje que describo en los párrafos siguientes de un artículo que publiqué hace algunos meses.

Asistimos a una sociedad de silencios y omisiones cómplices, a una diminuta realidad indolente en la que no alcanzamos a oír el grito del dolor ajeno.

Sólo así se puede explicar el olvido colectivo que han sufrido las víctimas en el sistema de justicia penal dominicano.
Deslumbrante y portentosa, nuestra Constitución proclama en su artículo 177 que, “el Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de (…) las víctimas…”

Sin embargo, ¿a quién le importan las madres taciturnas y enmudecidas por el dolor de ver a sus hijos asesinados por pandilleros o por policías? ¿Quién subsana las heridas sicológicas de las víctimas que resultan atracados y vejados en las calles inhóspitas de nuestras ciudades? Los hospitales están repletos de “muertos en vida” que jamás volverán a caminar, parapléjicos que empobrecerán aún más a sus paupérrimas familias.

Como escribiera don Héctor Incháustegui Cabral en su “Canto triste a la patria bien amada”, “…y en la amplia bandeja del recuerdo, dos o tres casi ciudades, luego, un paisaje movedizo, visto desde un auto veloz, empalizadas bajas y altos matorrales, las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria…”.

Mientras las víctimas sigan clamando justicia y enflaqueciéndose en los corrillos húmedos de los tribunales, no habrá paz.
Para los jueces, sombríos e impertérritos, el problema son las medidas de coerción y los fiscales. Y para los fiscales, embutidos en sus togas negras, el mal está en los jueces.

Esta es una tragedia institucional, o mejor dicho, “este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura”.
Como escribió don Héctor, “….mientras el hombre tenga que arrastrar enfermedades y hambre, y sus hijos se esparzan por el mundo como insectos dañinos (…) no deberá haber sosiego, ni de deberá haber paz…”.

Por. Namphi Rodríguez
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