Ante nuevas acciones de terror e intimidación que se atribuyen a gremios de camioneros, asociaciones empresariales han vuelto a reclamar que el Gobierno haga cumplir el derecho a la libre empresa, libre circulación y libertad para poder contratar sin restricciones ilegales los servicios de carga en todo el territorio nacional.

Recientes actos de violencia contra camiones no asociados a poderosas organizaciones de transportistas y los frecuentes bloqueos al ingreso o salidas de puertos e incluso, de propias instalaciones empresariales, son preocupantes indicadores de que se pretende de nuevo imponer la ley de la selva.

Los numerales 12 y 13 del artículo 8 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la propiedad, libertad de tránsito, de empresa, comercio e industria y prohíbe toda forma de monopolio, por lo que los Poderes públicos están en obligación de salvaguardar esas prerrogativas sustantivas.

Los gremios empresariales que han denunciado agresiones e impedimentos a la libre circulación por parte de grupos de camioneros que pretenden imponer por la fuerza una situación monopólica en el transporte de carga, han señalado su vocación por el respeto a la libertad de asociación, que otros intereses pretenden negarles.

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) ha negado participación o complicidad en los actos de terror perpetrados por camioneros que agraden otros transportistas o bloquean vías de paso, en violación a la ley penal y a preceptos básicos consagrados por la Constitución vigente.

Así las cosas, el cuadro de agresión e inseguridad descrito hoy en un comunicado por ocho asociaciones empresariales, puede ser mucho peor, pues lo que se denuncia es que grupos innominados pretenden declarar las carreteras y vías de acceso a puertos y aeropuertos, como tierra de nadie o territorios de piratas y filibusteros.

En ningún modo se propugna por la exclusión de tradicionales suplidores en la actividad de transporte y acarreo de carga; lo que se reclama es garantía a la libre contratación y sana competencia, factores que deben primar en toda actividad productiva.

Gobierno, Ministerio Público y Justicia están compelidos a frenar las denunciadas acciones vandálicas perpetradas por quienes quieren por vía del terror imponer o perpetuar un escenario monopólico en el transporte de carga, a menos que se admita que lo que prevalece aquí es la ley de la selva.