Una nueva Constitución de la República ha sido promulgada y proclamada por el presidente Leonel Fernández, quien la define como garante de la democracia y cónsona con el siglo XXI.

Sin situarse siquiera como cercano a la perfección, ese texto ha represado un apreciable caudal de esperanza en la población de que se erigirá como sostén de los derechos fundamentales del ciudadano.

La sociedad nacional aspiraba a más de lo que ofrece esa aderezada Carta Magna, pero se admite que en su contenido se insertan derechos e instituciones de última generación, como la igualdad de género, referéndum e iniciativa popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso.

El presidente Fernández ha reclamado particular atención al artículo 73 que define como nulos de pleno derechos los actos emanados de autoridad usurpada…, que sustenta su afirmación de que nunca debería repetirse la amarga experiencia de un golpe de Estado.

El referido a la justicia sería el aspecto de la nueva Constitución que concita mayores recelos, pues prevalece la duda sobre funcionalidad y armonía del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales ante la institución guía del Poder Judicial, como lo es la Suprema Corte de Justicia.

La sociedad dominicana tiene más razones para el festejo por la nueva Ley de leyes que motivos para el lamento o desesperanza.

Se teme, sin embargo, que sin la debida divulgación y voluntad política de respetarla y hacerla respetar, esa Constitución se convertirá en otro pedazo de papel.

Una Constitución no es un acto caprichoso, por lo que se requiere que ese nuevo texto refleje en la práctica un verdadero Estado de derecho y convivencia social.

La sociedad ha de actuar en lo adelante como garante o fiador de la nueva Constitución para que nunca más sea violada, o que al menos se castigue a cualquiera que la transgreda.