El pasado 25 de julio se celebró trascendental audiencia pública en la Junta Central Electoral con los presidentes, secretarios generales y delegados de los partidos reconocidos del país. Importante iniciativa a cargo del presidente y los demás miembros de la JCE. Fue el evento que, desde mi punto de vista, marcó el inicio de la carrera que deberá concluir con las elecciones del 2020.

Es un camino que no está libre de piedras y obstáculos, pero que solo el interés nacional, colocándose por encima del interés particular, nos permitirá celebrar elecciones libres, transparentes y justas.

Para lograr ese objetivo, el país reclama la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral, claves para este proceso. La necesidad de regular las actividades partidarias al tenor de lo que dispone el artículo 216 de la Constitución, así como el proceso electoral, para que tengamos las garantías electorales necesarias, es fundamental.

La posición del PRM es muy conocida desde hace más de un año. El PRM aprobó primarias con padrón cerrado, y organizadas por la JCE.

Para que podamos tener ley de partidos, el PRM asumió responsablemente la posición de que los partidos que se acojan a las primarias, que serían los que alcanzaron el 5% de votos en las elecciones de 2016, sea con el padrón que determine cada partido político y que las mismas sean organizadas por la JCE. Los demás partidos reconocidos harán sus procesos convencionales como indican sus respectivas regulaciones. Todo amparado por la Constitución.

Identificar las fuentes de dónde saldrán los recursos para las primarias es vital. Sin dudas, que de los mismos recursos que reciben los partidos de manos de la JCE es la posibilidad que soluciona esta interrogante, lo que debe ser indicado en la ley. Sobre que la JCE sea la que organice las primarias, oportuno es recordar las declaraciones del propio presidente de la JCE: “Castaños dice no objeta JCE organice primarias” (Hoy, 24 de junio de 2017).

De aprobarse la ley de partidos en esta legislatura extraordinaria, la JCE se planifica con tiempo y el calendario electoral se cumplirá puntualmente.

Por supuesto, en la legislatura que comienza en agosto, hay que aprobar la ley electoral, para que la JCE tenga todos sus instrumentos legales a mano. Consenso, recursos, logística, tecnología y tiempo, tal como pidió la JCE, están previstos. Llegó la hora.