Las tiendas de repuestos usados para vehículos tendrán que de “manera obligatoria” certificar periódicamente a las autoridades sobre el origen de las mercancías que ofertan.

La obligatoriedad de la medida está contenida en el proyecto que modificará la ley de tránsito y que será conocida mañana en la Cámara de Diputados.

También, el proyecto que crea el Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, (Intrant) obligará a los establecimientos que comercializan piezas usadas a declarar su origen para prevenir los descuartizamientos de vehículos robados.

Otra medida es que los talleres de desabolladura y pintura, deberán informar en período de 24 horas a las autoridades cuando un vehículo se ponga en custodia por tener accidente o presentar impactos de balas.

La nueva normativa, de la autoría del diputado Tobías Crespo, dispone que la fusión de siete organismos oficiales como son la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), Fondo de Desarrollo para el Transporte (Fondet), Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), y el Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El proyecto declara de alto interés la investigación técnica para reducir los accidentes de tránsito, y que se cambie el nombre de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), por el Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte (Cesett).

Especifica que el Intrant será responsable de fijar y ejecutar la política de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con ajustes a los principios, objetivos, directrices y disposiciones establecidos en la ley, y ejercer la función de planificación sectorial y urbana.

“Esta es la primera reforma institucional de Ley de Movilidad, de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que complementa y modifica la ley 241 sobre Tránsito Terrestre, para crear un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Obras Públicas”, anotó Crespo.

Precisó que el Intrant podrá revocar, modificar, suspender o declarar nulas las concesiones, permisos, contratos o autorización para prestar los servicios públicos de transporte en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los permisos y concesiones vigentes.

El proyecto deja claro que los recorridos o rutas de los servicios públicos de transporte de pasajeros son propiedad del Estado y su explotación se desarrolla de acuerdo a las prescripciones de la ley y su normativa reglamentaria.

Declara, la iniciativa, de alto interés la investigación técnica de los accidentes de tránsito, como forma de reducir y mitigar los efectos económicos, sociales y humanos que producen, acción que coordinará el Intrant que va a elaborar, ejecutar y monitorear el Plan Estratégico de Seguridad Vial en el país.

El Intrant será financiado por el Presupuesto General del Estado, de las infracciones a la ley, del Registro Nacional de Vehículos, los ingresos del pago de los contratos, concesiones del transporte terrestre, otros ingresos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre.

El organismo lo dirigirá un Consejo de Dirección conformado por los ministros involucrados en el sector, e incluye representantes de operadores del transporte de pasajeros urbanos, interurbanos, carga, taxis, ayuntamientos y municipios, sector empresarial organizado y un representante de los derechos de los consumidores y usuarios.

La legislación establece el uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) para todos los vehículos.