Tras la aprobación por el Senado en primera lectura del proyecto de ley de partidos políticos el pasado 11 de abril con el voto favorables de 24 senadores oficialistas se acogió la recomendación de la Comisión Especial de establecer el mecanismo de primarias abiertas y simultáneas para que las mismas sean organizadas por la Junta Central Electoral con su padrón electoral oficial.

A pesar de los acalorados debates en el hemiciclo en cuanto a su conveniencia o no y aspectos de constitucionalidad y el retiro de 6 senadores antes de la votación esta logró pasar a una segunda lectura. El proyecto tiene aspectos interesantes a pesar de que no fue fruto de un real consenso tal como sugirió y es la aspiración del presidente de la JCE don Julio Cesar Castaño Guzmán, ni de los partidos políticos incluyendo dentro del propio partido oficial, ni la sociedad civil, ni del sector empresarial, etc., existe un sentimiento visto desde fuera de los intereses involucrados de que la misma en el tema de las primarias abiertas no representa el sentir ni la aspiración de la mayoría de la población y sus actores.

El proyecto de ley establece un 40 % de cuota para la mujer y un 10 % para la juventud al igual que consagra en el mismo la renovación de los puestos de dirección de los organismos de manera periódica y mediante mecanismos democráticos sin períodos que excedan el tiempo que consagra la Constitución para estos cargos que son 4 años y esto sería un logro importante. En otro artículo quedaría prohibido las negociaciones de candidaturas que hayan obtenido las mujeres en los procesos internos y en casos de alianzas estas deberán ser sustituidas por otra mujer del mismo partido que suscribiese el pacto.

En el mismo contempla que para los partidos políticos ser reconocidos deberán presentar a la JCE un informe de sus gastos de ingresos y egresos que serán auditados por un contador público autorizado. Para las candidaturas reservadas no se podrá exceder un 20 % y deberán ser acordadas 30 días antes de las primarias internas. También contempla prohibir todo tipo de propagandas ofensivas, negativas, anónimas e irrespetuosas en las campanas electorales y se enfatiza que los partidos políticos serán auditados por una Unidad Especializada de Control Financiero de la JCE entre otros temas.

Esperamos que tanto en la segunda lectura en el Senado como luego en la Cámara de Diputados se logre un verdadero consenso, porque si bien es cierto que con primarias abiertas arbitradas por la JCE hay garantías de imparcialidad en los resultados internos de los partidos evitando así la vieja costumbre de no aceptar las derrotas, pero también la misma favorecería a los que manejan mayores recursos y logística de movilizar los votantes imponiéndose no siempre la virtud ni los mejores intereses nacionales.