Un juez de instrucción dispuso ayer la libertad de siete oficiales mediante el pago de garantías económicas de 600, 300 y 100 mil pesos en la modalidad de contrato, acusados de ingresar al país de forma irregular 220 armas de fuego. Los favorecidos son un general, dos coroneles, un mayor, un capitán y dos primeros tenientes.
El magistrado de la provincia Santo Domingo, Julio Armando Aybar, dispuso la libertad del general de brigada paracaidista Bienvenido Cordero Batista, quien deberá pagar una fianza de 600 mil pesos; el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artiles, 100 mil pesos.
Al mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz le fue impuesta una garantía económica de 100 mil; al capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, 300 mil; al primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho, 100 mil; y el primer teniente de la Policía José Miguel Torres Rodríguez (Micky), 100 mil, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, algunos de ellos con más de 20 años de servicio.
Asimismo, al coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, 600 mil, propietario de una armería que vendía las armas traficadas, según la Procuraduría General de la República. La garantía económica impuesta durante la revisión obligatoria de los imputados.
Los militares cumplían medidas de coerción de un año de prisión, quienes según la Procuraduría “aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, conformaron una red que ingresó al país de manera irregular 220 armas de fuego, en operaciones a las que daban apariencia lícita”.
El general Cordero Batista se desempeñaba como director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, y “era el encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma”, agrega el expediente.
El teniente coronel Pérez Artiles, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, “se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines”.
El mayor Marrero Ruiz “era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía” y tramitaba “las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia”, conforme a la Procuraduría.
El capitán Mercedes Medrano era el encargado de archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico en tanto que Almonte Camacho, primer teniente del Ejército, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, “era quien supervisaba al personal de trabajo y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación”.
El primer teniente Torres Rodríguez fungía como encargado de las armas de fuego de la Policía, que están en la Intendencia del Material Bélico. “Concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas”, dice la Procuraduría.
Guzmán Escarramán, coronel, es el propietario de Armería Inversiones Heptágono, compañía que “se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados”, agrega la acusación.
El Ministerio Público descubrió que esos siete uniformados eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
EL DATO
La coerción
El 4 de febrero de este año, el juez del Tribunal de Atención Permanente, José Gregorio García, impuso un año de prisión preventiva al grupo de oficiales.
