El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuyas funciones han sido altamente cuestionadas, está en el centro de un escándalo por la adjudicación de un contrato millonario, a través de una licitación, a un consorcio venezolano presidido por un empresario perseguido en su país e impedido de entrar a Estados Unidos por la comisión de supuestos fraudes. No es todo.

De acuerdo con la periodista Nuria Piera, el empresario Leopoldo Castillo Bozo creó la compañía 10 días antes de presentar la oferta al Intrant para la implementación, equipamiento, operación y gestión de la inspección técnica vehicular, lo que se conoce como “revista”.

Por la cantidad de vehículos en el país y la concesión por 10 años el negocio se presenta como muy lucrativo para el consorcio liderado por Castillo Bozo. Además la inversión a que se compromete el consorcio resulta suspicaz por el capital de 280 millones de pesos que declaró con pasivos de 227 millones.

En todo caso, según la descripción de Piera, la empresa recuperaría su inversión en tan solo tres años. Por el prontuario de los inversionistas y las circunstancias que rodean la licitación el caso debe aclararse sin la mínima pizca de duda.