Los más recientes casos de narcotráfico y lavado de activos, retratan un sistema político dispuesto a tolerar las más abominables acciones delictivas con el fin de preservar los privilegios de los grupos que lo dirigen.

Al final del año pasado, en los medios de comunicación y en reuniones privadas, varios funcionarios (civiles y militares) fueron señalados como socios del narcotraficante José Figueroa Agosto.

Los que consideraron oportuno hablar del asunto, acudieron a los medios para decir que no tienen vinculación con Figueroa Agosto, con Sobeida Féliz o con otros acusados.

Lo mismo ocurrió en el año 2005, cuando se convirtió en escándalo el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Los jerarcas civiles y militares que lo utilizaron como testaferro, lograron preservar la impunidad. En el caso de los hermanos Benítez, había menor cantidad de socios, pero eran figuras influyentes… Y la lista es mucho más larga.

El asesinado asistente de Figueroa, José Amado González González, era coronel de la Policía Nacional. Otros oficiales son acusados de lo mismo, y si el Ministerio Público no ha revelado ciertos nombres, es porque pretende detener el alud.

Identificar a los culpables de acciones puntuales, es importante; pero es preciso seguir el rastro de la responsabilidad política, que recae sobre el Gobierno y enloda al resto del sistema político.

La elección de este país para continuar en sus actividades tras escapar (usando también la corrupción) de una cárcel de Puerto Rico, no obedeció a un capricho de Figueroa Agosto. Y la prueba es que durante muchos años residió aquí sin ser molestado y con acceso a los complejos turísticos de lujo.

Los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano y los satélites de ambas organizaciones, no ejercen presión sobre el Gobierno, porque han encabezado gobiernos marcados por los vínculos de sus funcionarios con negocios turbios, y porque, en la actualidad, buscan recursos en las mismas fuentes.

El acuerdo entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y las alianzas con los grupos del PRSC, han tenido como marco el pacto por la impunidad. Ese pacto no se limita al saqueo al Estado, abarca los métodos ilegales de acumulación y la búsqueda de financiamiento para el espectáculo electorero, sin reparos al momento de facilitar y proteger actividades como el lavado de dinero… Es lo que ha determinado, en última instancia, la renuncia a los principios.