Lo que está en juego

Las recién pasadas elecciones han sido las más desordenadas y plagadas de irregularidades desde las de 1994. De hecho, en los últimos 50 años, las elecciones de 2016 han entrado a la categoría de las más cuestionadas, junto con las de 1994, 1990 y 1978. Cada una de ellas tuvieron sus propias características, pero en el fondo, subyace el interés del oficialismo de quedarse en el poder y de arrebatar lo legítimamente ganado por la oposición.

El balance de las pasadas elecciones no solo lo ha hecho el pueblo dominicano, que, en su mayoría, votó civícamente, sino los observadores internacionales como los de la Organización de Estados Americanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Ambas entidades afirmaron que el proceso careció de la idoneidad en el manejo de los dispositivos tecnológicos y en lo más grave, la transparencia del proceso. En igual sentido, se pronunció Daniel Zovatto, una de las voces más autorizadas en el mundo electoral.

Quedó muy claro que las elecciones desnudaron las carencias institucionales, que tienen su causa fundamental en el control absoluto que tiene el PLD en todos los poderes del Estado, incluyendo el electoral. A pesar de que fue un reclamo generalizado en 2012, el PLD nunca quiso aprobar la ley de partidos ni la ley electoral. Sin esos dos instrumentos, la oposición acudió a las elecciones más desiguales que recuerde nuestro país. El uso abusivo de los recursos del Estado estuvo a la orden del día para imponer la reelección.

Todavía el 14 de mayo, la oposición estaba solicitando a la Junta Central Electoral, algo tan simple como la aplicación de la Ley Electoral, ante lo que se avisoraba como una jornada llena de incertidumbre, como en efecto ocurrió el 15 de mayo. El presidente de la JCE se desenmascaró y actuó, no como árbitro, sino como parcial del PLD, cosa que siempre se ha sabido.

Lo que está en juego, por tanto, es la democracia y la gobernabilidad. El PRM, como principal fuerza de oposición, le corresponde encabezar la transición hacia el cambio político. Defender lo ganado, y evitar que nos arrebaten victorias alcanzadas. Exigir y acordar la ley de partidos y la ley electoral. Despolitizar las ayudas sociales del gobierno. Promover y lograr, junto con la ciudadanía, la designación de nuevas autoridades en la JCE y en el TSE, con personas no vinculadas a partidos políticos. Esto es innegociable. Por el país.