Los co-dueños

Las empresas generadoras de electricidad han advertido que apagarán el país en caso de que no cese lo que definen como cobros irregulares  que ejecuta la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Sin importar si son legales o no los reclamos de pago por servicio o servidumbre que reclama esa institución oficial, la amenaza de suspender  el servicio de energía eléctrica constituye un acto de chantaje absolutamente inaceptable por parte del Estado y la ciudadanía.

La Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, que  formula la advertencia, debería saber que  en esta nación operan tribunales de justicia a donde se acude a reclamar derecho o exigir reparación por daños infligidos.

También debería saber que  el suministro de energía eléctrica es un servicio público, regido por leyes especiales, que incluyen salvaguarda del  orden público y  seguridad interna del Estado y que, por tanto, no puede ser suspendido por algún resabio de la iniciativa privada.

A los tribunales de la República  corresponde  determinar si en los embargos ejecutados por Autoridad Portuaria en perjuicio de empresas generadoras de electricidad se ha cumplido con la ley o si se han violentado los derechos de esas sociedades.

Amenazar con suspender operaciones, que es lo mismo que paralizar todas las actividades productivas y domésticas, constituye un gesto de prepotencia  absolutamente inaceptable.

Las razones  que arguyen  empresas generadoras de electricidad para negarse a tributar pagos por  uso de puertos u operaciones marítimas deberían ser expuestas ante un tribunal, sin incurrir en  la presión de producir un apagón descomunal.

El Gobierno  ha iniciado el pago de deuda por más de  540 millones de dólares a   generadores de electricidad que,  amparados en  contratos definidos como onerosos, se  convierten en uno de los sectores  de mayor rentabilidad.

La amenaza  de apagar  para no pagar. convierte a esas empresas en los co- dueños del país.