El Gobierno ha tirado en los últimos siete años por el barril sin fondo del subsidio eléctrico casi 150 mil millones de pesos, sin que ese sector haya mudado un paso hacia adelante.

Hay que imaginarse el impacto sobre la calidad de vida del dominicano si tanto dinero hubiese sido dirigido a los sectores educación, salud o a obras de infraestructura.

El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Celso Marranzini, culpa a toda la sociedad por la dilatada crisis energética que ha consumido gran parte de la renta nacional para sólo promover más pobreza.

Por los ejemplos que expone, de una torre de apartamentos que llevaba ocho años con una conexión ilegal y de un club social, al que culpa de la muerte de un obrero electrocutado al que encomendó realizar una conexión fraudulenta, tal parece que al ingeniero Marranzini le asiste toda la razón.

También citó a los medios de comunicación, pero a ninguno identificó. Sin embargo es de justicia aclarar que entre esos medios no hay ninguno del Grupo Corripio, que están todos al día en el pago de la facturación eléctrica.

El robo de energía eléctrica puede ser causa principal de que el Gobierno haya tirado cuatro mil millones de dólares por las alcantarillas de los subsidios, por lo que es válido que los defraudadores sean identificados y sometidos a la justicia.

Además de empresarios, políticos, medios de comunicación, militares, iglesias y sociedad civil, el ingeniero Marranzini debería incluir entre los culpables de la desgracia a propios intervinientes en la industria eléctrica, que han sido destinatarios de la gran rentabilidad que producen esas enormes transferencias presupuestarias obtenidas al vender vender energía a sobreprecio o en condiciones ventajosas que propician contratos onerosos. Que se diga toda la verdad.