Los partidos políticos se encuentran sometidos al severo cuestionamiento del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ha anulado asambleas y resoluciones, y de la propia sociedad que les reclama apegarse a la legalidad y a su rol de garante de la democracia.
El liderazgo partidario se resiste al escrutinio público y a someterse a reglas de claridad, transparencia y de respeto a la voluntad de los afiliados a sus respectivas entidades de derecho público.
La partidocracia impide la aprobación de una ley de partidos que garantice accesibilidad y libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidos de todos los ciudadanos que militen en cualquier bandería, porque se insiste en comparar a los partidos con fincas de propiedad y disfrute de individuos o grupos.
Además de obstaculizar la creación de una herramienta jurídica que promueva democracia, esos grupos hegemónicos pretenden imponer en el Congreso líneas paralelas relacionadas con la escogencia de candidatos a puestos electivos a través de convenciones abiertas o cerradas.
No sería posible que República Dominicana pueda colocarse a las puertas del desarrollo, si su liderazgo rehúsa abrir las puertas de los partidos a un nuevo estadio donde impere una auténtica ética en el ejercicio de la actividad política.
El progresivo deterioro del ejercicio democrático al interior de las organizaciones partidarias puede medirse por las sucesivas sentencias del TSE que ha anulado tres asambleas y convenciones, así como decisiones de expulsión o separación de dirigentes partidarios.
Las crisis generadas en los partidos por excesivas ambiciones políticas de sus dirigentes se expresan en la imposibilidad del Congreso de aprobar una Ley de Partidos y en la especie de Coliseo Romano que se ha instalado alrededor de la pugna por primarias abiertas o cerradas.
Con la democracia no se puede jugar a la ruleta rusa, ni la sociedad puede aceptar que desbordadas ambiciones personales o grupales se coloquen por encima del interés nacional. Los partidos están compelidos a convertirse en ejemplo de ética, transparencia y pluralidad.

