Hay dos formas de lograr un incremento en los sueldos: una es mediante un rabazo institucional del Estado o un Consejo Nacional de Salarios y la otra es fomentando la competencia dentro del mercado laboral; una tiende a ser problemática, a veces dañina y políticamente cargada, la otra, no tanto.

Actualmente, las propuestas que vienen sonando hablan de un 30% de incremento en el salario mínimo y un 25% en el general. Es probable que para el momento que el CNS culmine en un acuerdo, los números oscilen entre 15% y 20% para corresponder a la inflación acumulada desde el 2009. Y como en ocasiones anteriores, es de esperar que este aumento en los costos de producción en el sector privado provoque un alza en los precios de los bienes de consumo, que anularían el valor real del incremento.

Cada dos años, coincidiendo con lo que exige la ley, se reanuda el debate sobre los salarios, limitándose este a comparaciones con otros países o si el mismo debe aplicarse sobre el mínimo o debe ser general. Eso más que un debate es una pantalla; el problema del salario subyace en los fundamentos sobre los que está parada la economía de República Dominicana, y no será resuelto hasta que esto sea atacado.

Las responsabilidades por los deprimidos salarios se pueden repartir entre el sector privado, el Estado y la baja calidad de la educación tanto pública como privada.

El sector privado dominicano se caracteriza por su rigidez, falta de transparencia y aversión a la competencia. Salvo muy contados sectores, tiende a incurrir en prácticas desleales del comercio como la formación de cárteles, abuso de posición dominante, fijación de precios predatorios, etc. con el objetivo de ahogar a cualquier nuevo competidor en su sector; en esas condiciones la idea de un mercado laboral competitivo no tiene cabida.

Adicionalmente, y por lo general por motivos políticos, el Estado no sólo da visto bueno con su inacción a estas prácticas, sino que se hace cómplice al convertirse en traba contra la formación de nuevos emprendimientos imponiendo medidas proteccionistas. Esto sin entrar en consideraciones más fundamentales como los costos institucionales de un nuevo negocio, la burocracia endémica, y un régimen fiscal que tiende a incentivar la informalidad.

Si nos propusiéramos enfocarnos a incentivar la formación de mercados más competitivos, reducir los costos crediticios, eliminar las distorsiones y reorientar nuestra estructura impositiva para priorizar la inversión sobre la redistribución, aún estaría el problema grave de la educación.

La educación de calidad es evento raro, dado que se sacrifican el análisis, la investigación y el pensamiento crítico, para favorecer la memorización. Esto genera ausencia de pensamiento creativo en la fuerza laboral, que limita la capacidad de expansión de las empresas, y al país de beneficiarse de novedosos emprendimientos.

En un país donde la educación no vale lo que cuesta, los empleados no valen lo que piden, las empresas no valen lo que ofrecen ni el Estado vale lo que cobra, se necesitará más que acuerdos del CNS para arreglar el problema de los salarios. Tendremos que atacar los fundamentos.