Hugo A. Ysalguez
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La justicia dominicana ha sido considerada la cenicienta de los poderes del Estado. Un dictador, que gobernó al país con manos férreas durante doce años, y posteriormente ejerció un mandato por una década, afirmó que los tribunales eran una especie de mercado, donde se vendían sentencias al mejor postor.

Desde el año 1997, cuando se instaló la primera Suprema Corte de Justicia, escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial logró avances intangibles, no sólo evacuando veredictos alejados de influencias políticas y económicas, sino también en los servicios a los usuarios del sistema.

Aunque la ley otorga el 2.66% del Presupuesto Nacional al Poder Judicial, nunca se ha cumplido. Realmente, no existe la autonomía de la judicatura, pues su asignación económica depende del Poder Ejecutivo. Es evidente que tal situación provoca malestares innecesarios que deben evitarse.

Algunos jueces de Carrera han renunciado por los bajos sueldos que reciben. El Estado ha invertido recursos económicos para la preparación de esos magistrados que se ven obligados a abandonar sus posiciones, toda vez que su trabajo no es compensado en la proporción de sus responsabilidades.

El Poder Judicial acusa puntuales deficiencias por la falta de un presupuesto adecuado para superar las dificultades. Además, de que los magistrados que imparten justicia carecen de una merecida remuneración, los tribunales funcionan con deficiencia por la carencia de personal para ofrecer un servicio eficaz.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo se combinaron para negarle un aumento del presupuesto a la justicia, impidiendo así la creación de nuevos tribunales y aumento significativo en los ingresos de los magistrados del orden judicial.

Es increíble y vergonzoso cómo funcionan los tribunales de la provincia Santo Domingo.