Mientras en todos los países democráticos en donde se han establecido vínculos y conexidades con el caso “Lava Jato”, la mayor red de corrupción que se haya establecido en Brasil y que ha provocado incluso la imputación al expresidente Lula, y la detención del señor Joao Santana, asesor de estrategia electoral del presidente Danilo Medina, se ha ordenado investigar a los funcionarios o empresas vinculadas con ese escándalo, en nuestro país, la justicia se ha hecho la ciega, sorda y muda.

Se ha confirmado incluso la existencia de transferencias bancarias desde la República Dominicana, a través de las cuentas de la empresa Odebrecht, para beneficiar al entramado corrupto en Brasil. Y me pregunto, ¿Quiénes son los beneficiarios de esas transferencias? ¿Cuántas empresas ‘off-shore’ se establecieron en este tinglado corrupto en República Dominicana? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas?.

No extraña la actitud pasiva, silente y cómplice de la autoridad judicial con este caso, porque toca muy cerca a Danilo y su entorno. Pero, esto no se queda ahí, nuevos datos de soborno por la compra de los Tucano durante el gobierno del PLD revelan las conexiones oscuras que tiene ese partido en Brasil. Con 12 años ininterrumpidos en el poder, el PLD entiende que es dueño del Estado, y hace lo que le da la gana sin la más mínima consecuencia, pues se ha encargado de construir un imperio de impunidad, ilegalidad y corrupción.

Pareciera que el PLD se trata de vender como víctima de los entramados corruptos de Odebrecht cuando han sido ellos, al mando del Estado, sus cómplices más estrechos de la región. Con Marcelo Odebrecht, el otrora todopoderoso presidente de la firma, preso por delitos graves de malversación y fraude, el gobierno de Danilo volteó la cabeza, pero quedando en evidencia gracias a las fotos en las que aparecen funcionarios del PLD acompañando al brasileño, muertos de risa, en la más absoluta complicidad.

El PLD puede vestirse de lo que quiera, pero sigue oliendo y viéndose como corrupción. La mayoría de los dominicanos están cansados de ver cómo los recursos del pueblo van a los bolsillos de los funcionarios que tienen doce años en el poder. Se impone, por tanto, una investigación seria e imparcial de los vínculos corruptos del entramado criminal de “Lava Jato” en nuestro país. Si no lo hacen los actuales, cosa que lo dudo, lo hará el nuevo gobierno de Luis Abinader.