El Ministerio Público presentó formal acusación ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Peravia contra 25 personas implicadas con el secuestro y asesinato de siete colombianos en Paya, Baní, en un caso criminal por un supuesto tumbe de un alijo de drogas en poder de las víctimas.

De esa manera, se cumplen rigurosas normas procesales y respetan los derechos de los inculpados de someterse a los designios de la justicia penal que examinará las pruebas documentales, materiales o de peritajes que hayan recopilados los fiscales.

Por tratarse de un asesinato múltiple, perpetrado el 4 de agosto del año pasado, en el que se afirma participaron oficiales de la Marina de Guerra, junto a civiles sindicados como cabecillas de una banda de narcotraficantes, ese expediente reviste un tratamiento de excepción en lo referido a la investigación y al universo de los posibles implicados.

Aunque se acepta como bueno y válido ese sometimiento judicial, en ningún modo deben el Ministerio Público ni la Policía poner un candado a las investigaciones sobre un caso del que todavía faltan cabos gruesos por atar.

Las autoridades han expuesto que los inculpados habrían perpetrado la matanza para despojar a sus víctimas de unos mil 300 kilos de cocaína que habían ingresado por costas banilejas desde Suramérica, pero resulta que ese alijo no aparece ni en centros espiritistas, como tampoco una suma indeterminada de dinero cargada por los matones.

La matanza de Paya ha sido el detonante que ha expuesto preocupantes niveles de infiltración del narcotráfico en filas militares y policiales y obligado a las autoridades a encaminar un programa de saneamiento en las Fuerzas Armadas y la Policía. Se entiende, pues, que el caso de referencia no es ni puede ser tratado como un expediente ordinario.

La exclusión de un ex mayor de la Policía de la acusación por ese homicidio múltiple revela el interés de los fiscales actuantes de evitar incurrir en temeridades jurídicas o procesales que dañen el interés de castigar a verdaderos culpables materiales e intelectuales de esa matanza.

La ciudadanía aspira, sin embargo, a que Ministerio Público, Policía o cualquier otra autoridad civil y militar no intente cerrar ni por asomo un expediente como ese, del que todavía podrían saltar macos y cacatas.