Las multas dispuestas por la Procuraduría General de la República contra las violaciones del toque de queda han amplificado el malestar por las restricciones por el coronavirus.

Mientras los especialistas discuten si legalmente proceden o no las sanciones, la población siente que de manera insensata se le limita más su capacidad de movimiento.

Además de la escala, la gente disiente de que en la aplicación prevalezca el criterio de la Policía y no la de un juez. Las personas físicas acusadas de violar el toque de queda deberán pagar mil pesos; los motoristas, 2,000; los conductores, 5,000; los parroquianos en un centro de diversión, 2,000; espacios de entretenimiento y fiestas clandestinas, la sanción es de 100,000, y autobuses y unidades de carga la multa es de 50 mil y 30 mil pesos, respectivamente.

Entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) favorecen que se revisen las sanciones, sin importar que sean dispuestas con el interés de prevenir sobre las violaciones del toque de queda. Sean o no legales, por el revuelo que las multas han causado y ante la misma crisis sanitaria se impone una dosis de sensatez.