La ley no se aplica ni se interpreta de manera sesgada con interés de producir beneficio o perjuicio, porque el estatuto jurídico tiene el alcance que su propio contenido señala y que ha de reflejar siempre ordenamiento, prevención y castigo en torno a obligaciones y derechos.
Es por eso que alarma y causa profundO pesar la pretendida justificación de una acción violatoria de la ley acometida por la Cámara de Cuentas de la República que adjudicó a sus miembros bonos e incentivos que no les correspondían.
El argumento que se esgrime para justificar la entrega de la regalía completa, más salario con incentivos a los integrantes de esa Cámara, es que sólo faltaban siete días para que los beneficiarios cumplieran los tres meses reglamentarios en el cargo para obtener esos beneficios.
A uno de los titulares de la Cámara de Cuentas se atribuye decir que siete días resultan insignificantes para impedir que los miembros de esa institución cobren el bono navideño completo, así como los incentivos salariales.
Se ha dicho también que los miembros de ese cuerpo colegiado habrían cobrado sueldo completo de regalía en otras instituciones oficiales donde prestaban servicios antes de ser nombrados por el Senado en la Cámara de Cuentas.
Los siete días considerados insignificantes por quienes se adjudicaron 422 mil 500 pesos en bono navideño, resultan la diferencia entre cumplir o violar un reglamento que claramente establece tres meses y no dos meses y 23 días en el cargo, para tener derecho al salario 13 completo.
Ese infeliz argumento usado para beneficio propio ofende a una ciudadanía hastiada de que se retuerza la ley para promover beneficios o privilegios espurios.
La actual matrícula de la Cámara de Cuentas no debería colocar en riesgo la credibilidad endosada por una sociedad que ha sufrido sucesivas frustraciones por desempeño de anteriores incumbentes alejados de elementales normas éticas.
A lo menos que se aspira es a que la presidenta de esa institución, doctora Licelot Marte de Barrios, use su bien ganado prestigio como servidora pública para reparar ese desliz, antes de que se convierta en mancha indeleble.

