El desplome de un edificio en construcción de cinco niveles en el Ensanche Ozama, que pudo causar una gran tragedia, pone en relieve la carencia de adecuados mecanismos de supervisión de obras por parte de autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas que parecen haber degradado esa obligación al simple cobro de impuestos por levantamientos de inmuebles.
En efecto, Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Santo Domingo Este confirmó que todos los permisos para la construcción de la edificación estaban en regla y lo que es peor, la titular de ese departamento, Miguelina Santana, dijo que inspectores del cabildo visitaron el lugar donde se levantaba el inmueble y constataron que se cumplía con las autorizaciones concedidas.
Si como refiere el Ayuntamiento en ese proceso de construcción se cumplía con las normativas municipales, ¿por qué ese edificio se desplomó como derribado por un soplo? ¿Acaso es común que un inmueble que sería habitado por decenas de personas pueda sucumbir de esa manera?
El Ministerio de Obras Públicas ofrecerá un informe técnico sobre ese caso en que el derrumbe no causó desgracias personales y produjo daños materiales, pero aun así ese incidente confirma reiteradas denuncias de que los departamentos municipales y a nivel ministerial incurren en negligencia, descuido o indiferencia en la tarea de fiscalizar construcciones.
No hay forma de entender que un edificio casi concluido de cinco niveles, con una construcción adicional en su techo, se derrumbe así por así, después que inspectores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este certificaran que los responsables del inmueble cumplieron con todas las normativas.
Sin importar los resultados de la investigación que sobre ese derrumbe realiza un equipo técnico de Obras Públicas, se requiere que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) ejecute una inspección aleatoria de edificaciones que se levantan en zonas urbanas a los fines de determinar cuál es el porcentaje de inmuebles afectados por vicios de construcción.
No se tome el derrumbe de un edificio casi terminado igual que el desplome de una edificación centenaria de la Zona Colonial, porque lo que ocurrió en la calle Octavio Mejía Ricart del Ensanche Ozama ha sido un caso grave que pudo causar una tragedia mayor y que requiere establecer responsabilidades por posible negligencia o inobservancia en la aplicación de la ley.
El derrumbe de ese edificio consolida sospecha ciudadana de que la fiscalización de normativas sobre planificación y construcción de edificios públicos y privados anda manga por hombros, tanto a nivel municipal como en el Ministerio de Obras Públicas.
