La utilización de estratagemas para tratar de confundir a la opinión pública con noticias manipuladas es el mecanismo que suele aplicarse para retardar procesos judiciales, desviar la atención pública y tratar de descalificar pruebas que, bien ventiladas, pueden llevar a hacer justicia en casos como Odebrecht, cuya conclusión debe sentar un ejemplo contra la corrupción en el país.

Aunque bajo un pretendido objetivo bienhechor como el de combatir ese flagelo y con el engañoso título “Gran corrupción”, el documento emitido por Transparencia Internacional en sociedad con Jota, un portal digital de Brasil, trasluce claramente el ulterior propósito de pretender desacreditar el proceso y, por ende, evitar la aplicación de sanciones ejemplarizadoras.

De otra manera no se explica el énfasis incisivo y persistente que a lo largo del documento de marras se hace en contra de la forma en que el Ministerio Público ha llevado hasta ahora el caso, en lugar de valorar las pormenorizadas evidencias presentadas que comprometen de forma inequívoca la responsabilidad penal en varios aspectos.

Aún así, en última instancia no es propiamente Transparencia Internacional la que está manipulando la información, sino algunos periodistas de aquí. Otra cuestión que desde hace tiempo quedó debidamente establecida y ratificada a raíz de este documento, es que contrario a lo que se ha querido vender como verdad irrefutable, el Ministerio Público sí firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía de Brasil.

En el contexto de mentiras que no logran ser reconocidas como verdades se inscribe la afirmación de que el Ministerio Público dominicano no sostuvo acuerdo de cooperación jurídica con las autoridades de Brasil, lo cual fue enfáticamente negado, destacando que todas las diligencias investigativas desplegadas durante el proceso fueron realizadas siempre en coordinación con las autoridades de Brasil.

Una detenida lectura de ese texto permite advertir que en el mismo subyace de forma encubierta y aun así inocultable, un propósito que en nada procura hacer justicia en el emblemático caso, como ha sido desde sus inicios la voluntad y el esfuerzo desplegados por el Ministerio Público en la recopilación de pruebas y luego en su sustentación en las audiencias conducidas por el juez Francisco Ortega.

Este magistrado se ha manejado con tanta rectitud e independencia, rechazando maniobras y estrategias de los defensores sin violentar sus derechos procesales, que se le ha querido presionar para que abandone el caso con pedidos de inhibición que sólo han logrado un espaldarazo por parte de la Suprema Corte de Justicia.

En una clara demostración que no se dejará doblegar frente a cualquier táctica o mecanismo mediático, la institución del sistema de justicia reaccionó rápidamente frente al referido documento, que al igual que sectores sensatos de la sociedad, ha sido interpretado como un mecanismo de desinformación impulsado por representantes de los imputados para intentar desacreditar el trabajo desplegado por el Ministerio Público.

Otro elemento que pone al descubierto las reales intenciones de Transparencia Internacional y de su socio Jota, es que el citado documento fue certera y deliberadamente difundido en la crucial coyuntura en que se está a la espera del fallo que establecerá si los imputados serán enviados a juicio de fondo.

En su respuesta, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público recordaron que en varias ocasiones los imputados y sus abogados “han utilizado un sinnúmero de maniobras, muchas de ellas usando informaciones para falsearlas, manipularlas y alterarlas, todo ello con firme propósito de entorpecer y retardar el proceso para no enfrentar una eventual decisión en su contra”.

josealexisrobles@msn.com