Recientemente se cumplieron 60 años del fusilamiento de Manolo Tavarez Justo, líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, junto a 15 compañeros guerrilleros, una acción tan brutal, aborrecible y criminal nunca vista en los anales de nuestro país, por la saña de los autores que abrieron los abdómenes de los cadáveres, sin ninguna perturbación ni signos de contrición, demostrando sus garras envueltas en sangre generosa de mártires, que escalaron las montañas en rechazo y protesta por el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, cuyo incipiente mandato democrático fue truncado por la oligarquía rancia.

Y sobre este acontecimiento y para fortalecer la memoria histórica, que la posmodernidad trata de borrar, el antiguo dirigente de la Unión Estudiantes Revolucionarios (UER) y quien fuera líder estudiantil del liceo Juan Pablo Duarte, Fidel Soto Castro, puntualiza los siguientes: Un gobierno ilegal ofrece garantía de respeto a las vidas de quienes, con justas razones, se levantan en armas para reponer al gobierno legal. Los insurgentes deponen sus armas y se entregan. Entonces los militares deciden humillarlos, torturarlos y fusilarlos. Tres elementos hay que destacar aquí:

Su acción insurrecta fue legal y legítima. 2. Su rendición debe ser respetada, no sólo porque la rendición conlleva a eso, sino también a que la misma, se produce bajo las garantías ofrecidas. 3. De acuerdo a la Convención de Ginebra, una vez rendidos y apresados, sus vidas debían ser respetadas. Pese a que el gobierno del Triunvirato, no era legal, su carácter de gobierno usurpador, le confería la categoría para juzgar a los guerrilleros y condenarlos de acuerdo a sus normativas de poder y fuerza, con las estructuras jurídicas que le respondían. Sin embargo, la pena de muerte no estaba contemplada en las leyes vigentes.

El Triunvirato era presidido por un jurista que creyó en las garantías que ofreció, quedando, estupefacto ante el desafío de los militares que actuaron en ese crimen, pues ellos en su barbarie no respetaron el deseo del gobierno ilegal, y sobre esa ilegalidad, cometieron otra, al no respetar una decisión y un ofrecimiento de los miembros civiles del gobierno. Eso conllevó a que el Licenciado Emilio de los Santos renunciara a la presidencia del Triunvirato.
Es por esto que los militares involucrados en el fusilamiento de Manolo Tavarez y sus compañeros, deben ser juzgados y condenados, sin importar el tiempo. La decisión de llevar a la justicia a los que actuaron en ese acto genocida, no es con espíritu de venganza, odio y resentimiento.

Es una posición de honor y de vergüenza, así como una justa reparación histórica hacia esos valiosos y dignos ciudadanos que se atrevieron a sacrificarse por la libertad, la justicia y los verdaderos ideales democráticos. Solo hay que ver la trayectoria de ésos valiosos y nobles dominicanos para darnos cuentas, que ellos constituían una pléyade de jóvenes patriotas, de mucho provecho para el pueblo dominicano.