El allanamiento en el marco de la “Operación Caracol” de la sede de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros han sido acusados de obstrucción de justicia, sienta un funesto precedente en República Dominicana.

El organismo fiscalizador ha sido seriamente cuestionado como brazo político de Gobiernos, incluso rebautizado por el pueblo como cámara de cuentos, pero jamás sus integrantes habían sido perseguidos judicialmente.

El presidente Hugo Álvarez y los demás miembros son investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por falsificación de documentos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, estafa y lavado de activos. La mancha que suponen el allanamiento y la acusación para la integridad de los miembros representa un soberano compromiso para el Ministerio Público.

No cabe el circo o el espectáculo, ni tampoco dejar pasar el tiempo hasta que el caso se diluya, como ha ocurrido con otros grandes escándalos. Si los miembros de la Cámara de Cuentas manipularon auditorías para encubrir a funcionarios el expediente tiene que sustentarse, no en suposiciones, sino en pruebas concretas.

Con el de la Cámara de Cuentas son muchas las investigaciones de corrupción emprendidas por el Ministerio Público que a la fecha no se sabe ni siquiera la altura en que están. Al ser la primera vez que se allana por corrupción la sede de un organismo las autoridades saben el desafío que el caso implica.