Debe ser la osadía mayor de los que prepararon el proyecto de reforma fiscal, el pretender que los dominicanos de clase media asuman el mantenimiento de los parásitos que manejan el transporte de pasajeros en el país.

Pedirle a este pueblo que acepte un nuevo impuesto a la gasolina y el gasoil (ya pagamos 68 pesos por galón), para comprarles vehículos nuevos a los transportistas de pasajeros y de cargas, es una provocación de marca mayor.

Incluir un nuevo impuesto de dos pesos a las gasolinas y el gasoil, no debe ser aceptado por ningún sector de la sociedad, e incluso entra en el marco de la inconstitucionalidad, porque no se pueden crear impuesto a la población para beneficiar a particulares.

La pieza no establece que el dinero recaudado con el nuevo impuesto, unos 1,200 millones de pesos al año iría a cambiar la flotilla de la Oficina Metropolitana de Transporte de Autobuses (OMSA) sino que deja abierta la posibilidad de favorecer a los dueños del país, entiéndase empresarios del transporte de pasajeros.

El pasado año se consumieron 290 millones galones de gasolinas , mientras que a los transportistas de pasajeros les exoneraron de impuestos alrededor de 42 millones de galones de gasoil.

Esto significa que los sindicatos y una parte del sector industrial fueron favorecidos el pasado año con 2,800 millones de pesos por concepto de exenciones impositivas.

Lo interesante sería determinar bajo qué concepto, los técnicos del Gobierno quieren cargar a la clase media el pago de los privilegios a los transportistas.

El transporte de pasajeros es un negocio como cualquier otro, y los dueños de autobuses y carros, además de no pagar impuestos, como se hace con otras actividades económicas, pretenden que otros trabajen para ellos.

Sin embargo, no basta con la intención de los dueños del país si no cuentan con protectores en el aparato oficial.

Es cuestión de complicidad o temores.