Como han sido las propias autoridades las que han dado cuenta de la vinculación de miembros de organismos de inteligencia del Estado con redes criminales se supone que, a diferencia de otros escándalos, el caso no quedará impune.

Cuando se informó sobre las operaciones criminales de César Emilio Peralta (César el Abusador) se dijo que el presunto capo contaba con protección de funcionarios civiles y militares que, que se sepa, nunca fueron investigados. E incluso se comentó que el día en que Peralta escapó de un aparatoso operativo encabezado por la Procuraduría General de la República había sido alertado de la acción por miembros de los servicios de inteligencia.

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En los allanamientos y detenciones durante el operativo Halcón IV, relacionado con las amenazas de muerte a la procuradora Miriam Germán y a un hijo suyo, el Ministerio Público detectó que “miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con redes criminales”.

Como parte de la investigación el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) efectuaron allanamientos y detuvieron a varias personas en Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. Las requisas incluyeron varias cárceles, donde se dice que operan bandas criminales.

El caso de los agentes de inteligencia ligados a las supuestas redes criminales es demasiado grave como para que no sea debidamente aclarado.