La comunidad internacional no puede mirar para otro lado ni alegar que compete a los haitianos la solución a la crisis política del país ante el peligroso derrotero que ha tomado la determinación del presidente Jovenel Moïse de pasar por encima a una sentencia del Poder Judicial para mantenerse en el cargo.

El domingo una persona fue asesinada y su cadáver incinerado, mientras otra resultó herida durante una estruendosa movilización en demanda de que Moïse deje el poder.

Pero antes que acatar la decisión de los tribunales el mandatario no solo se ha aferrado al cargo, sino que se le atribuye la utilización de bandas armadas para amedrentar a la población.

Además de utilizar la Policía como fuerza de choque contra las fuerzas opositores que demandan su renuncia. Aunque la Justicia determinó que su mandato concluyó el 7 de este mes, el gobernante, sobre la base de su propia interpretación de la Constitución, decidió que es el 7 de febrero de 2022. La Iglesia católica y sectores empresariales forman parte de los grupos que alegan que el Presidente cumplió con el período para el cual fue electo.

Lejos de propiciar siquiera un diálogo para iniciar un proceso de transición, Moïse ordenó la detención del juez que se había designado para ocupar su puesto de manera interina y sustituyó a tres miembros del Tribunal Supremo.

Si Estados Unidos y la comunidad internacional consienten que el mandatario haitiano retenga el poder a la fuerza, entonces estarían legitimando las violaciones que atribuyen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.