El saldo de más de cincuenta muertos en enfrentamientos entre indígenas y policías en Perú, expone de nuevo el drama de la cruenta degradación de la selva del Amazonas por compañías transnacionales que despojan a comunidades enteras de sus tierras para explotar inmensas reservas de petróleo, gas natural, oro y recursos maderables.

Manifestaciones de grupos indígenas contra el despojo de sus tierras, destrucción y contaminación de sus espacios vitales, han degenerado en masacre sin precedentes, con la muerte de al menos 30 nativos y 23 policías.

El presidente Alan García ha advertido que el Gobierno franqueará a toda costa el ingreso de las multinacionales a tierra virgen del Amazonas, para lo cual declaró un toque de queda en la zona en conflicto y ordenó a helicópteros de la armada peruana que disparen contra los manifestantes.

Tropas peruanas abren paso a sangre y fuego hacia las selvas amazónicas peruanas a compañías petroleras del Reino Unido, Francia, Canadá, España, Brasil y Argentina, que amparadas en una serie de leyes destruyen bosques tropicales y convierten grandes extensiones comunitarias en propiedades privadas.

Las protestas de las comunidades indígenas peruanas llevan más de dos meses, pero el presidente García insiste en aplicar medidas de fuerza para permitir que empresas foráneas exploten en provecho propio extensos pozos petroleros y reservas de gas natural.

El mundo está compelido a voltear rostro hacia la tragedia del Amazonas peruano, donde el Gobierno parece apadrinar un tipo de colonialismo sangriento y excluyente, que ya se compara con la matanza de Tiananmen o como la peor violencia política desde la insurgencia de Sendero Luminoso, hace casi 30 años.

Mientras los gobiernos de Brasil, Ecuador y Bolivia intentan aplicar políticas racionales e incluyentes, diseñadas durante negociaciones directas con las comunidades indígenas, el presidente García parece patrocinar una masacre en el corazón de ese pulmón de la humanidad.

A los pueblos del Amazonas les asiste el derecho a sobrevivir frente al canibalismo ecológico que perpetran intereses foráneos con auspicios y complicidad de gobiernos como el de Alan García que ha puesto todo el poder al servicio de la destrucción de la selva peruana y de sus habitantes.